Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público logró condenas de tres años de prisión para Julio Enrique Domínguez Solano (Julito) y Antonio José Paredes Elizondo, tras demostrar ante el tribunal su culpabilidad en la malversación de más de RD$3.8 millones en el Ministerio de Agricultura durante los años 2021 y 2022.
Domínguez Solano fue sentenciado a tres años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos, por violar el artículo 258 del Código Penal Dominicano y los artículos 5, 6 y 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Por su parte, Antonio José Paredes Elizondo, quien colaboró con el Ministerio Público y admitió los hechos durante el juicio, recibió una condena de tres años de prisión con pena suspendida bajo reglas, por violación al artículo 123 del Código Penal.
La jueza Clara Almonte Gómez, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia condenatoria en una audiencia en la que el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Ernesto Guzmán, Aurelio Valdez y Yoneivy González, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El tribunal ordenó el decomiso de todas las evidencias materiales vinculadas al proceso y fijó la lectura íntegra de la sentencia para el 4 de marzo de 2025.
El Ministerio Público determinó que el desfalco ascendió a RD$3,810,000, a través de transferencias ilícitas utilizando el usuario de NetBanking asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura, que en ese entonces era manejado por Julio Domínguez Fernández, padre de Domínguez Solano.
La investigación reveló que los fondos eran transferidos desde la cuenta del Viceministerio a la cuenta de Elizondo, quien posteriormente los retornaba a favor del hijo del viceministro.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) inició la investigación tras recibir una denuncia en 2022 de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, luego de que el Ministerio de Agricultura detectara las irregularidades.