Santo Domingo, R.D.- La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) elevó este lunes un llamado enérgico al Estado dominicano para la creación de un centro psiquiátrico especializado destinado a procesados judiciales con trastornos mentales severos, al advertir que la falta de una infraestructura adecuada pone en riesgo la seguridad pública, garantías del debido proceso, vulnera derechos humanos y agrava la condición de los pacientes.
El director de la institución, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que casos recientes —entre ellos el de Pumarol, absuelto por incapacidad mental— evidencian “una deuda histórica” del sistema de justicia y salud con esta población altamente vulnerable.
“El problema no se resuelve enviando a una persona con trastornos mentales a una prisión. Eso convierte al sistema en violador de derechos fundamentales”, sostuvo. Valentín explicó que patologías como la esquizofrenia con episodios paranoides requieren intervención médica especializada, seguimiento clínico y ambientes controlados, condiciones que el sistema penitenciario dominicano no puede ofrecer.
Respecto al caso Pumarol, el funcionario consideró correcta la decisión judicial.
“Los jueces están llamados a aplicar la ley, y así ocurrió. El obstáculo no está en los tribunales, sino en la falta de políticas públicas e infraestructura para atender estos casos”, afirmó.
El drama de “Modesto”: una historia que revela fallas estructurales
La ONDP tomó como referencia el caso de Modesto, un privado de libertad diagnosticado con graves trastornos mentales que pasó años en condiciones degradantes dentro de distintos centros penitenciarios.
Informes institucionales señalan que Modesto permaneció en celdas de aislamiento, sin tratamiento médico, sin alimentación adecuada y en un entorno profundamente insalubre. Su deterioro neurosiquiátrico lo llevó a cubrirse con sus propias heces, generando un hedor insoportable que evidenciaba el nivel extremo de abandono y hacinamiento.
La Defensa Pública interpuso múltiples acciones de amparo para exigir la restitución de sus derechos fundamentales. Tras meses de litigios, la institución logró su traslado al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini (antiguo 28), donde recibe actualmente un tratamiento integral.
Hoy, según Valentín, la evolución del paciente es visible
“Su transformación es notable y profundamente positiva. Felicitamos al Centro Padre Billini por el trato humano y especializado que ha brindado. Este caso demuestra que la recuperación es posible cuando el Estado garantiza la atención adecuada”, expresó.
Un panorama preocupante: 431 internos con trastornos mentales graves
La ONDP reportó que 431 privados de libertad con trastornos mentales conviviendo dentro de la población penitenciaria general, lo que representa un riesgo tanto para ellos como para los demás internos y el personal penitenciario.
Un llamado urgente al Estado dominicano
La Defensa Pública insistió en que el Estado debe asumir la responsabilidad de crear un centro psiquiátrico especializado para imputados con trastornos mentales, una infraestructura que permita diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y protección efectiva de derechos.
“No podemos seguir enviando a estas personas a cárceles que no cuentan con las mínimas condiciones. Necesitamos un centro especializado para garantizar seguridad, dignidad y un manejo clínico responsable”, sostuvo Valentín.
Para la Defensa Pública, la creación de este centro no solo sería un acto de justicia y humanidad, sino también una medida clave para fortalecer la seguridad pública, modernizar la justicia penal y cumplir con los principios constitucionales de protección y respeto a la dignidad de los más vulnerables.