LAS TERRENAS, Samaná.- La Dirección Política del partido Fuerza del Pueblo (FP) en el municipio de Las Terrenas, denunció que la actual gestión municipal, encabezada por el alcalde Eduardo Esteban Polanco (Willy), está haciendo uso de los recursos del Estado, en beneficios de allegados, bajo el artilugio de contratos de prestación de servicios.
Al fungir como vocero de la FP, Juan Fermin, presidente municipal de la organización, leyó un documento en el que se afirma que las acciones del alcalde de Las Terrenas constituye una violación a la Constitución de la República, en su artículo 146, que establece, entre otros receptos, que: “Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”.
La FP en el municipio de Las Terrenas dice que en su párrafo 2, el artículo 146, de la Constitución, establece que: “… será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.
El partido Fuerza del Pueblo, en fecha 30/10/2023, solicitó al Ayuntamiento del municipio de Las Terrenas, la entrega de copias de todos los contratos de las obras realizadas y servicios contratados en los años 2020,2021,2022 y 2023.
Empero, la FP hizo saber que únicamente entregaron seis contratos, todos referentes a contrataciones de servicios de recogida de desechos sólidos.
La entidad política opositora agrega que le llamó la atención uno de esos contratos, “Contrato de alquiler de camión para recolección de desechos sólidos”, suscrito por Eduardo Esteban Polanco, en su calidad de alcalde del Municipio de Las Terrenas, y José Miguel Rubio Noesi, de fecha 5 del mes de noviembre del año 2020, que entraba en vigencia desde el día 6 de noviembre del año 2020 y finaliza el día 31 de mayo del año 2024, es decir, tres años y seis meses de vigencia.
Dicho contrato establece un monto mensual de RD$120,000,00, equivalente a un monto total de RD$5,040.000.00.
Ese contrato, agrega, es un ejemplo claro de ilegalidad y corrupción, conforme lo prescribe la Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas, y la Ley de Ética Gubernamental, por la conocida notoriedad pública del vínculo político y personal, entre el alcalde y el contratado.