Santo Domingo.- El Ministerio Público aseguró este lunes que está preparado para iniciar la presentación de la acusación y las pruebas en la audiencia preliminar del proceso seguido a Quilvio Rodríguez González, así como a otros miembros de la red que distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos para agenciarse la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
La audiencia preliminar contra Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y los demás miembros de la red se conoce en el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
La procuradora de corte Rosa María Pichardo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que estaban listos para el inicio de la audiencia.
“En el día de hoy el Ministerio Público está listo para conocer la presente audiencia preliminar, sin embargo, a pedimento de las defensas, por estar abierto el plazo, el juez decidió acoger los pedimentos de las defensas”, dijo, al responder preguntas de la prensa luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo 5 de octubre.
La fiscal Pichardo, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto al fiscal Yoneivy González, también adscrito a la Pepca, reiteró que la decisión fue adoptada “no obstante el Ministerio Público haber estado listo en el día hoy”.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo 5 de octubre, a las 10:00 de la mañana, luego de acoger la petición de las defensas de uno de los acusados que presentó un certificado médico que avala un mes de licencia médica por un proceso postoperatorio, además de que otros dos encartados no se habían presentado al inicio de la audiencia.
Catorce personas físicas y jurídicas procesadas por el caso
El pasado mes de julio el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red de sobornos.
Los acusados son: Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Por igual, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente, también, incluye a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
La acusación detalla que los sobornos identificados ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.