Seúl.- El cerco sobre el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en el marco de la investigación sobre su declaración de la ley marcial la semana pasada se estrecha cada vez más después de que hoy el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, intentara suicidarse tras ser detenido por su responsabilidad en la asonada.
Al mismo tiempo, la oposición tenía hoy previsto presentar una segunda moción parlamentaria, después de que la primera fracasara el pasado sábado, para tratar de destituir al presidente, una posibilidad que cobra cada vez más enteros, ya que varios diputados del partido gobernante han indicado su intención de participar esta vez en la votación.
Intento de suicidio
A última hora del martes, pocas horas antes de que un juzgado emitiera una orden para su detención formal, el exministro de Defensa, que había sido detenido de urgencia el fin de semana, trató de quitarse la vida antes de que funcionarios del centro de detención Dongbu de Seúl lo impidieran.
Kim, considerado una pieza clave del plan para decretar el estado de excepción en el país asiático, se encuentra ahora en una celda especial y su vida no corre peligro, según portavoces del centro de detención.
Los fiscales, que consideraban que había peligro de que Kim -que aparentemente cambió varias veces de teléfono y eliminó conversaciones en la aplicación Telegram tras el estado de excepción- destruyera pruebas relacionadas con las acusaciones de insurrección y abuso de poder para obstruir el ejercicio de derechos básicos en las seis horas en que la ley marcial estuvo vigente entre el martes y el miércoles de la semana pasada.
Con el arresto formal de Kim se cree que las pesquisas en torno al presidente, al que se investiga también por insurrección y al que se ha prohibido salir del país, pueden ganar tracción.
Registro de la Oficina Presidencial
En ese sentido, la policía registró hoy en la capital surcoreana varias sedes policiales -y arrestó a los principales responsables de la Agencia Nacional de Policía y la Policía Metropolitana de Seúl- además de la Oficina Presidencial, donde encaró resistencia por parte del servicio de seguridad presidencial para acceder al despacho del mandatario.
Los agentes buscaban, entre otras cosas, las minutas de la reunión que celebró el Gabinete de Yoon antes de proclamar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un encuentro que duró apenas cinco minutos y del que al parecer no hay registros detallados, según aclaró después el Ministerio del Interior.
Por su parte, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango dejó hoy la puerta abierta a pedir el arresto urgente sin orden judicial del presidente dada la gravedad de los posibles delitos que se le atribuyen a Yoon, que, entre otras cosas, está acusado de insurrección.
Los presidentes en Corea del Sur no pueden ser enjuiciados durante su mandato, con la excepción del delito de insurrección, definido como el cometido por un individuo o individuos que emplean “violencia con el propósito de usurpar el territorio nacional o subvertir la Constitución”
La ley estipula que aquellos que participan en una insurreción pueden ser castigados con penas que van de un mínimo de cinco años de prisión a la cadena perpetua o la pena de muerte (sobre la que existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Los roles de Yoon y Kim
Las declaraciones de militares involucrados en la implementación de la ley marcial comienzan a arrojar algo de luz sobre los roles que jugaron el presidente y el exministro de Defensa durante el estado de excepción.
En su declaración el martes ante el comité parlamentario de Defensa, Kwak Jong-eun, que hasta el pasado viernes era el comandante de los “boinas negras”, la unidad de operaciones especiales que fue enviada a la Asamblea Nacional, contó que el propio Yoon le dijo por teléfono “forzad las puertas y sacad a los parlamentarios a rastras” para evitar que los diputados votaran a favor de revocar la ley marcial.
Kwak añadió que, por su parte, el ministro de Defensa le dijo también por teléfono que “no podía haber de 100 a 150 diputados dentro del Parlamento” para que así no hubiera quorum en el legislativo y la ley marcial pudiera seguir vigente.
El excomandante explicó que los mandos sobre el terreno acordaron que estas ordenes eran ilegales y que depararían derramamiento de sangre, por lo que no las acataron.
También indicó que Kim ya le dio órdenes para que estuviera preparado para una situación de emergencia nacional el 1 de diciembre, dos días antes de decretarse la ley marcial.
Una nueva moción para destituir a Yoon
La principal formación opositora, el liberal Partido Democrático (PD), tiene previsto presentar hoy mismo una nueva moción parlamentaria para destituir a Yoon que sería registrada formalmente mañana y votada el sábado.
La oposición ya anunció su intención de seguir intentando inhabilitar a Yoon después de que el sábado una primera moción fuera boicoteada por el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), que ha dicho que abogará por lograr una dimisión “ordenada” de Yoon en torno a la primavera.
Sin embargo, varios diputados del PPP han anunciado su intención de participar esta vez en la votación y se cree que podrían acabar sumando así los ocho sufragios que necesita la oposición para que Yoon sea apartado de su puesto.
EFE