Ciudad del Vaticano.- La organización SNAP (Red de Sobrevivientes de Abuso por Sacerdotes), dedicada a recopilar casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y apoyar a las víctimas, acusó este jueves al recién elegido papa León XIV de encubrir casos de abuso mientras fue obispo en Perú.
El grupo emitió un comunicado poco después de la primera aparición pública del pontífice, en el que denuncian que, primero como provincial de los agustinos y luego como obispo de Chiclayo (Perú), León XIV fue consciente de abusos y no actuó adecuadamente para enfrentarlos.
El comunicado de SNAP señala que, en su rol de provincial de los agustinos, permitió que un sacerdote acusado de abusar de menores, y cuya actividad pastoral había sido restringida desde 1991, residiera en el convento agustino St. John Stone en Chicago (EE.UU) en el año 2000, «a pesar de su proximidad a una escuela primaria católica».
Además, la organización denuncia que, cuando el estadounidense fue obispo de Chiclayo, tres víctimas presentaron denuncias ante las autoridades civiles en 2022, después de no ver avances en sus casos dentro de la diócesis.
“Las víctimas afirman que Prevost no abrió una investigación, envió información insuficiente a Roma y que la diócesis permitió al sacerdote seguir celebrando misa. Incluso adjuntaron fotografías del sacerdote oficiando misa después de su denuncia como prueba”, señala SNAP en su comunicado.
Denuncia contra Prevost en 2025
La organización ya presentó una denuncia contra Prevost el 25 de marzo de 2025, bajo el decreto «Vos estis lux mundi», un documento del papa Francisco de 2023 que concreta las normas que tiene que seguir la Iglesia católica respecto a los abusos sexuales de sacerdotes o miembros de institutos de vida consagrada.
SNAP ahora solicita «acciones decisivas» por parte del papa León XIV en sus primeros 100 días de pontificado, como la creación de una Comisión Global de la Verdad con plena cooperación del Vaticano y la implementación de una ley de tolerancia cero universal en el derecho canónico.
También incluyen acuerdos legales internacionales para garantizar transparencia y rendición de cuentas; un Fondo de Reparaciones financiado por las víctimas y respaldado por activos de la Iglesia, entre otras.