Santo Domingo.- El expresidente de la República, Leonel Fernández, denunció que más de 400 mil visas de turista han sido otorgadas a ciudadanos haitianos en lo que va del 2024, a pesar del supuesto cierre de los consulados dominicanos en Haití.
De acuerdo a declaraciones del exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, Fernández señaló que solo en septiembre se emitieron más de 39 mil visas.
El líder opositor cuestionó la coherencia del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), señalando que aunque la administración de Luis Abinader ha negado la práctica, sigue emitiendo visas en grandes cantidades. “El gobierno del PRM lo ha negado, pero es una práctica que continúa hasta nuestros días”, afirmó Fernández, calificando de “ambigua” la postura de Abinader. El exmandatario criticó que mientras se denuncia ante la comunidad internacional la crisis en Haití, se facilita una “migración indiscriminada” a través de la emisión de visas a miles de haitianos bajo la categoría de turistas.
Fernández también abordó el undécimo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que define los criterios para la adquisición de la nacionalidad dominicana, rechazando las acusaciones de segregación racial y “apartheid” que se han generado en torno a este fallo, incluidas protestas recientes de descendientes haitianos frente al Palacio Nacional.
Según el exmandatario, la sentencia reafirma el principio del ius sanguinis (derecho de sangre), destacando que la nacionalidad dominicana se adquiere por la ascendencia de los padres, no simplemente por nacer en el territorio nacional (ius solis). “No se trata de una decisión judicial orientada hacia la segregación racial”, aclaró Fernández.
El expresidente también hizo referencia a la Ley 169-14, aprobada tras el caso de Juliana Deguis Pierre, que permitió la regularización de miles de descendientes haitianos. Subrayó que esta nacionalidad no fue otorgada de pleno derecho, sino que fue el resultado de una disposición legal especial.
Fernández concluyó reiterando su preocupación por la gestión migratoria del gobierno de Abinader, advirtiendo que las cifras reveladas sobre la emisión de visas ponen en duda el compromiso del gobierno con la protección de la soberanía y el orden jurídico del país. Recordó que la reforma constitucional de 2010, impulsada durante su gobierno, fue clave para definir quiénes son dominicanos, y defendió este criterio ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2014, cuando cuestionó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos de nacionalidad dominicana.