Madrid.- La directora y fotógrafa Silvia Grav, que denunció el pasado octubre en sus redes sociales el acoso del cineasta Eduard Cortés, ha publicado este lunes un vídeo en el que explica que han contactado con ella 53 mujeres, casi todas españolas, pero también de Colombia y México, por situaciones parecidas.
«Sabemos que hay muchas más», dice Grav en la grabación en la que habla en nombre de las 27 mujeres que dieron sus testimonios en un artículo publicado en el periódico El País el 18 de diciembre asegurando haber sufrido acoso sexual por parte de Cortés, quien les habría ofrecido trabajo en sus producciones con la condición de que se grabaran desnudas, masturbándose o en otras prácticas sexuales.
Justifica por qué esta denuncia no se hace por vía policial
Conocidas como ‘las 27’, aunque ya el número se ha elevado, Grav explica en el vídeo remitido a los medios junto a un comunicado escrito que «pasar por este proceso no es fácil», habla de «grietas» en el sistema y en el sector del cine y justifica por qué esta denuncia se hace públicamente, y no por vía policial.
En el texto, las firmantes aseguran que no buscan «venganza, sino sanar» y que «las que ya están y las que están por llegar no tengan que sufrir lo que vivimos nosotras».
También remarcan que los crímenes prescriben en muchos casos antes de que la víctima haya podido «procesar el trauma o tener el apoyo o la fuerza o la seguridad necesarios para enfrentarse a un proceso judicial que va a ser muy duro y muy largo».
Hacen hincapié asimismo en que se trata de situaciones que a menudo ocurren en la intimidad, o no siempre dejan pruebas físicas. Además, el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado, limitaciones legales que «dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se debería tolerar».
Frente a ello, reclaman que los protocolos dentro de las industrias y academias vayan más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales, premios, y mesas redondas. «Las investigaciones deben realizarse sin importar el estatus de afiliación; el abuso no debería depender del rango del agresor», sostienen.
«Altos costos emocionales, legales, económicos»
Recuerdan asimismo que «denunciar es caro» y las víctimas «enfrentan altos costos emocionales, legales, económicos y de revictimización al intentar defenderse».
«La justicia gratuita y los abogados de oficio exigen unos parámetros muy difíciles de cumplir, o que simplemente no encajan en nuestro caso», remarcan, por lo que consideran que el Código Penal «está obsoleto y necesita actualizarse para que los abusos de poder en entornos laborales sean castigados de manera efectiva».
Para poder ayudar a todas las víctimas, consideran urgente retomar iniciativas que quedaron paralizadas, como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo plazo venció en octubre de 2023 y que el Gobierno aún no ha completado, recuerdan.
Consideran esta reforma clave para garantizar que las víctimas puedan acceder a recursos legales adecuados y no queden desprotegidas frente a las barreras económicas.
Por otro lado, subrayan que las denuncias públicas también son denuncias y «en muchos casos, son la única manera de romper el silencio, evidenciar un patrón, y generar la catarsis necesaria para cuestionar y cambiar aquello que no funciona».
«Se ha demostrado que nuestro abuso no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un sistema que lo permite», añade el comunicado, que concluye que «en este momento crucial, se caen las máscaras y se ve el color real de cada uno», y señalan que «ser aliado de la causa no es una fachada, ni un comunicado bonito» sino «trabajar activamente para cambiar el sistema, y darles los recursos para ayudar a las víctimas».
EFE