Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para dos hombres imputados por delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal.
Los imputados Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán) e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fueron sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, la cual fijó para este jueves, 3 de septiembre de 2026, la audiencia en la que conocerá la petición del Ministerio Público.
La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).
La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años.
Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.
La Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la PETT, realizó los allanamientos, auxiliadas por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), como áreas de protección.
El operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar que se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados allí.
A raíz de la alerta, y luego del inicio de las investigaciones, fueron solicitadas las órdenes judiciales de arrestos ejecutadas contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.
A la víctima que hizo la denuncia le fue realizada una evaluación por una médico legista, quien concluyó que presentaba múltiples lesiones en toda la extensión de la piel (rostro, miembros superiores e inferiores, dorso y espalda), así como quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en vías de cicatrización.
Además, le fue realizada una evaluación por una psicóloga forense, perito habilitado para dicha intervención, estableciéndose que no asistía a la escuela y que era obligado a realizar labores con madera destinadas a la construcción de una vivienda. Asimismo, se determinó que era sometido de manera constante a maltratos físicos y castigos.
Como resultado de las labores de inteligencia desarrolladas por los equipos investigativos fue identificado el nombrado Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien, al enterarse del arresto de Capellán, trasladó a varios menores de edad desde el inmueble donde funcionaba la Fundación Restaurando Vida, hasta una vivienda ubicada en el sector El Carril, Los Solares.
Muñoz Rodríguez se desplazó en un vehículo marca Toyota Corolla CE, placa A272601, año 1994, color beige, y permaneció en las inmediaciones de dicha propiedad.
En el registro de las viviendas con autorización judicial se identificaron pertenencias vinculadas a menores de edad de ambos sexos y diversas edades, atuendos de vestir, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y recuerdos escolares, además de actas de nacimiento y documentos personales de individuos ajenos al lugar, así como armas blancas.
El Ministerio Público indica en la solicitud de medida de coerción que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) carece de la autorización de la autoridad competente para operar como hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes, por lo que su funcionamiento, la recepción de fondos y donativos, y cualquier otro método de captación de recursos, se desarrollaban al margen de toda regulación legal.