Santo Domingo, RD.-Fue aplazada la solicitud de medida de coerción para el próximo lunes 25 de noviembre contra los implicados en la Operación Pandora, una organización criminal que cometía presuntos actos de corrupción a través del tráfico de armas y municiones, según destaca el Ministerio Público.
El aplazamiento fue solicitado por la defensa de los diez imputados y una empresa involucrada, debido al extenso volumen de la solicitud de medida de coerción, con el propósito de analizar a profundidad el expediente presentado por el Ministerio Público.
“Fue aplazada a solicitud de la defensa que, en base el volumen de la solicitud de la medida de coerción y la gran cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público, ha entendido que necesita un plazo para estudiarla” contó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.
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La solicitud de medida de coerción establece que las armas y municiones eran presuntamente vendidas de manera clandestina a Haití.
El documento relata que los agentes cometieron un catálogo de delitos , participando en el comercio de armas de fuego, Municiones, explosivos entre otros materiales, creando supuestamente una organización criminal integrada por oficiales superiores, alistamos, quienes en asociados con civiles utilizaron sus funciones para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo fusiles, pertrechos policiales, que eran vendidos de manera clandestina a nacionales haitianos.
Asimismo, se indica en la solicitud que violaron los reglamentos y protocolos para tener acceso privilegiado y exclusivo a los almacenes de municiones.
Resalta el documento que los investigados comercializaron de manera dolosa las municiones, además alteraba las armas de fuego las que les cambiaban el cañón para poder disparar las municiones de armas de fuego y luego las vendían a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías.
Abogado de dos de los imputados afirmó que quien alegadamente destapó la caja de Pandora fue el ex intendente de armas, Narciso Antonio Féliz.
Alegadamente según el órgano investigador los detenidos destruyeron evidencias que comprometan su responsabilidad penal y trataron supuestamente de inculpar a los miembros de menor jerarquía dentro de la organización.