Santo Domingo.– La tarde de este martes, el presidente de la República, Luis Abinader, introdujo en el Congreso Nacional, vía el Senado de la República, dos iniciativas legales encaminadas a fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana.
Se trata del proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales, y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
En el mensaje de remisión se afirma que la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y de nuestro país, esto es, el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones, con el propósito de garantizar la integridad del Estado social y democrático de derecho.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza es categórica al tipificar la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas; tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito y contrabando; secuestro; tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros; delitos medioambientales; sicariato; delitos de alta tecnología.
También se tipifican delitos relativos a grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia.
Por su lado, la segunda iniciativa responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicasque obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de estas personas.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estos.
De aprobarse esta iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual constituiría un significativo avance para la legislación moderna del país, se estaría cumpliendo con una deuda histórica en favor de la equidad de garantías que debe primar entre el imputado y la víctima en un proceso judicial, al satisfacerse el mandato constitucional de asistencia legal gratuita a personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima.
En la nota de prensa circulada por la Presidencia de la República se reafirmó el compromiso del Gobierno y particularmente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en continuar trabajando en las reservas de ley pendientes desde la reforma constitucional del año 2010, a la par de las derivadas de la Constitución recién proclamada el 27 de octubre de 2024.
Conjunto de iniciativas penales
Los dos proyectos recién depositados en el Congreso Nacional forman parte de un conjunto de iniciativas que el Poder Ejecutivo ha venido trabajando de la mano del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer el marco jurídico de las políticas del Estado contra la criminalidad.
Se recuerda que en octubre del año pasado el presidente de la República también introdujo en el Congreso dos importantes proyectos de ley sobre violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria pública o privada y sobre el secuestro en todas sus modalidades. Ambos están siendo conocidos actualmente por el Senado de la República.