Santo Domingo.- A petición de la Dirección General de Impuestos Internos, la Presidencia de la República y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, se ha solicitado un aplazamiento para revisar la documentación y las acciones realizadas por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU).
El juez Diomede Villalona, presidente del Tribunal Superior Administrativo, ha anunciado que el juicio de fondo de la medida cautelar se llevará a cabo el próximo viernes 17 de mayo de 2024. Además, ha especificado que cualquier documento que las instituciones del Estado deban presentar debe ser entregado en un plazo de 5 días a partir del lunes 6 de mayo de 2024.
En abril, ASOCIVU presentó dos acciones legales contra el Decreto número 420-23, el cual establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los dealers y concesionarios.
ASOCIVU busca la suspensión provisional y la nulidad total del decreto 420-23 a través de una Solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo, dirigidos contra la Administración Pública que dictó el Decreto número 420-23 de fecha 18 de septiembre de 2023, y contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El conflicto se originó, según las afirmaciones y pruebas documentales de ASOCIVU, la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, a raíz de una matriz de observaciones técnicas y jurídicas presentadas por ASOCIVU, ANADIVE y ADECI en octubre de 2022. A pesar de las promesas de la DGII de revisar estas observaciones antes de dictar el decreto, este fue publicado casi un año después, incluyendo más del 50% de las observaciones realizadas en el proceso de consulta.
Tras múltiples reuniones con las autoridades pertinentes, ASOCIVU espera que estas acciones judiciales proporcionen certeza, equidad y justicia para el sector de importadores de vehículos usados, defendiendo los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en la República Dominicana.