Santo Domingo, RD- El Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) reintegrar a uno de sus colaboradores que fue desvinculando de manera irregular en octubre del año 2020, así como al pago de más de 9 millones de pesos por los salarios dejados de percibir.
Mediante la sentencia 0030-02-2024-SSEN-00288, emitida en fecha veintiséis (26) del mes de marzo del año 2024, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al MIREX reintegrar a sus labores al señor Cesar Antonio Cuevas Pérez, quien fungía como ministro consejero.
La misma sentencia ordena de igual manera pagar al señor Cuevas Pérez, los salarios dejados de percibir desde octubre del 2020 hasta la fecha de la emisión de la sentencia, ascendente a más de nueve millones de pesos.
Cuevas Pérez interpuso el recurso ante Tribunal Superior Administrativo por supuestamente haber sido desvinculado del MIREX violentando el debido proceso y sus prerrogativas de servidor de carrera administrativa, contando con más de 19 años de labores en el Estado dominicano.
También, la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), anuló el artículo 42 del Decreto núm. 557-20, emitido en fecha 15 de octubre de 2020, por el Poder Ejecutivo de la República, que derogó el Decreto núm. 1459-04, del 11 de noviembre de 2004, mediante el cual se designó al señor César Antonio Cuevas Pérez, como ministro consejero en la Embajada de la República Dominicana en la República Francesa.
En ese sentido, además de su reintegro, ordenó el pago inmediato de los salarios y beneficios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación laboral hasta el momento de la ejecución de la presente decisión, incluyendo los beneficios inherentes al cargo y que fueron dejados de percibir.
La abogada de Cuevas Pérez, Yulibelys Wandelpool, directora de la firma Lextratega Servicios de Consultoría, precisa que este precedente debe servir a las instituciones públicas, para que en lo adelante den cumplimiento al debido proceso y respeto de la prerrogativa que la ley concede a los servidores públicos de carrera.
De igual manera, señala que, le preocupa cómo estos procedimientos de desvinculación irregular encarecen el gasto público, cuestión que ha podido evitarse de haber sido certeros y respetuosos de la norma que rige los derechos de los trabajadores del sector público.