Santo Domingo.- En violación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), dirigida por Bartolomé Pujals, adjudicó un contrato superior a los 295 millones de pesos por el alquiler de un local inexistente en Punta Cana a una empresa cuyo beneficiario final es el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, segun reportaje.
Un reportaje presentado en el programa Toda la Verdad, conducido por la periodista Odalis Castillo y transmitido los domingos a las 8:00 p. m. por VTV, canal 32, detalla cómo el contrato fue adjudicado a Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle, quien no era propietario del local, ya que el fideicomiso Velero At Punta Cana se lo había alquilado por 20 años con opción a compra.
El equipo de investigación indagó sobre el proyecto Velero At Punta Cana y descubrió que el título de propiedad está a nombre del Fideicomiso Inmobiliario y Garantía para el Desarrollo del Proyecto Velero At Punta Cana. Además, este fideicomiso tenía, en el año 2019, como gerente de las empresas fideicomitentes a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, actual ministro de la Vivienda, y luego a José Ricardo Mercado Sánchez, pero mantuvo como beneficiario a Carlos Alberto Bonilla Sánchez, según modificaciones del contrato de 2021.
Otro aspecto llamativo de este cuestionable proceso es que desde la OGTIC se hicieron todos los arreglos posibles para “acomodar” el proceso y hacer que el fideicomiso resultara ganador del contrato. Dado que el señor Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle no era el propietario del local que iba a arrendar al Estado dominicano, la Comisión de Compras de la OGTIC simplemente “recomendó” subsanar esta situación mediante una carta de consentimiento de los propietarios. Así, el inquilino Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle presentó dicha carta de la empresa administradora del fideicomiso Velero At Punta Cana.
Otro ajuste realizado por la OGTIC fue en los términos de referencia, incluyendo una enmienda para eliminar la expresión “llave en mano”, ya que cuando se utiliza este término implica que algo está listo para la entrega y adecuado para su uso, lo cual claramente no era el caso.
Un local que no existe
El reportaje presentado en VTV, canal 32, también evidenció cómo el informe técnico justificativo de la OGTIC describía el local como si cumpliera con todos los requisitos operativos y estructurales, cuando ni siquiera había sido construido.
Cuando el equipo de periodistas del programa Toda la Verdad visitó el área, verificó que la plaza comercial Velero At Punta Cana firmó el contrato con la OGTIC cuando aún no se había iniciado la construcción de la plaza. Una vendedora del proyecto afirmó que “los locales no estarán listos por ahora; primero se construirá el hipermercado y faltarían unos cuatro meses para desarrollar la plaza”.
Es decir, la OGTIC adjudicó más de 295 millones de pesos a un inquilino que tiene un contrato de 20 años por un local que aún no posee. Esto significa que tiene un contrato de largo plazo sobre un bien que ni siquiera había comenzado a desarrollarse, y que, a su vez, utilizaría en primer lugar para subcontratar con una institución del Estado dominicano.
Como confesión de que el local aún no está listo, el 14 de octubre de 2024, el señor Jacinto Badui envió una comunicación a la OGTIC solicitando la rescisión anticipada del contrato OGTIC-CCC-PEEX-2024-001, alegando que el fideicomiso propietario no podría entregar el local en el tiempo previsto debido a causas de fuerza mayor. También citó razones personales de salud y fluctuaciones económicas como obstáculos para desarrollar el proyecto con éxito. La fecha de entrega del local está prevista para marzo de 2025, según establece en la comunicación.
El proceso
El proceso para la contratación de este local para instalar un Punto GOB en Punta Cana comenzó en diciembre de 2023 bajo el número de licitación OGTIC-CCC-PEPU-2023-0019. Inicialmente, el proceso fue declarado desierto, pero en agosto de 2024 se retomó bajo el nuevo número OGTIC-CCC-PEEX-2024-0001.