Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Contrataciones Públicas anunció este lunes la suspensión del Registro de Proveedores del Estado para dos senadores y 20 diputados electos para el periodo 2024-2028, quienes actualmente tienen contratos con el Gobierno que superan los 334 millones de pesos.
A partir del 16 de agosto, quedaron suspendidos los registros de los siguientes congresistas electos que mantienen contratos activos:
- Elpidio Infante Galán (Diputado La Vega) – Empresa Damico, SRL – 1 contrato activo por RD$ 4,650,000.
- Fanny Selines Méndez Simono (Diputada Distrito Nacional) – Empresa 3&Media, SRL – 1 contrato activo por RD$ 80,000.
- Ismael Reyes Cruz (Diputado Parlacen) – Empresa Su Mundo Multimedios, S.R.L. – 3 contratos activos por RD$ 3,813,400.
- Manuel De Jesús Núñez Guerrero (Diputado Distrito Nacional) – Empresa Dos Puntos de Vista, SRL – 6 contratos activos por RD$ 3,567,400.
- Michelle Marie Ortiz López (Diputada Parlacen) – Empresa MO Group, SRL – 1 contrato activo por RD$ 325,981, y a través de Electromédica, SA – 19 contratos activos por RD$ 186,007,669.
- Willy Enrique Sánchez González (Diputado Peravia) – Empresa Promotora Fox, SRL – 2 contratos activos por RD$ 135,635,221, sumando un total de RD$ 334,079,97.
Otros congresistas cuyas inscripciones fueron suspendidas incluyen a Charles Noel Mariotti, Dagoberto Rodríguez, José Antolín Polanco, Kinsberly Taveras, y Hermes Evangelina José Méndez, entre otros.
En cuanto a los senadores, Andrés Guillermo Lama Pérez (Bahoruco) y Dagoberto Rodríguez Adames (Independencia) también tuvieron sus registros suspendidos por sus participaciones en empresas.
Según la Resolución Núm. DGCP-DG-02-2024, estos funcionarios se encuentran bajo el régimen de inhabilidades establecido en el artículo 14 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, que prohíbe a los miembros del Poder Legislativo contratar con el Estado durante seis meses después de dejar el cargo.
El director general de Contrataciones Públicas aclaró que esta medida no es una sanción, sino una acción preventiva para evitar posibles conflictos de interés y fomentar la transparencia en el sistema de compras del país.