Santo Domingo.- A más de setenta días de haberse notificado la sentencia definitiva núm. 0030-03-2025-SSEN-00015, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), encabezada por la alcaldesa Rosa Carolina Mejía Gómez, continúa en abierto desacato al mandato judicial que ordena la restitución de 619 vallas publicitarias a la empresa Impacto Urbano.
La referida sentencia, emitida el 30 de enero de 2025, reconoce los derechos adquiridos de Impacto Urbano, empresa pionera en la publicidad exterior mediante vallas lumínicas en el país desde 1999, y ordena al ayuntamiento la ejecución inmediata del contrato transaccional definitivo suscrito en 2014, el cual fue ratificado mediante resolución del Concejo Municipal. El fallo también impone una multa diaria (astreinte) de RD\$5,000 por cada día de incumplimiento, además de una condena en daños y perjuicios a favor de la empresa, cuya indemnización debe ser debidamente liquidada.
Impacto Urbano fue objeto en 2007 de la remoción arbitraria de sus estructuras publicitarias por parte del ADN, lo que generó graves perjuicios económicos y morales. Desde entonces, la empresa ha recurrido a múltiples acciones judiciales, obteniendo aproximadamente una docena de sentencias favorables en los tribunales dominicanos.
En un intento de solución amistosa, el 30 de abril de 2014 ambas partes firmaron el “Contrato Transaccional Definitivo y Convenio de Ejecución de Contrato de Publicidad Exterior” (Contrato No. AE-0030-14), donde el ADN reconoció los derechos de Impacto Urbano y se comprometió a reinstalar las vallas retiradas, firmar un nuevo contrato de 10 años prorrogables y pagar una indemnización por los daños sufridos.
Pese a ello, y a que el TSA otorgó un plazo de 60 días para cumplir con la sentencia —ya vencido—, la alcaldía no ha acatado el fallo. La negativa reiterada de la alcaldesa Carolina Mejía a ejecutar lo ordenado por el tribunal constituye una violación directa al Estado de derecho y mantiene vivo un conflicto legal que se arrastra desde hace casi dos décadas.
El desacato no solo compromete la responsabilidad civil y penal de la actual gestión municipal, sino que también expone al erario público a mayores sanciones económicas y priva a la ciudadanía del cumplimiento efectivo de la justicia administrativa.