Santo Domingo.- Varios expertos ambientalistas aseguraron que para la realización de cualquier proyecto minero en República Dominicana, como el caso de la grancera en el distrito municipal de El Cachón, provincia Barahona, se requiere del permiso social ambiental, el cual es otorgado por la comunidad y está contemplado en la ley.
Así coinciden Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora en el área de la industria extractiva.
Carvajal, quien además es miembro de la Academia de Ciencias, consideró que en el proyecto planteado en El Cachón aún no se ha emitido ningún permiso, y que cualquier tipo de extracción que se realice es irregular y constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades.
“La comunidad ya ha comenzado a manifestarse, por lo tanto, es casi imposible que un proyecto minero en esa zona, o en cualquier otro sitio, obtenga el permiso de una sociedad que ya se ha expresado en voz alta. No nos equivoquemos, no existe ningún permiso aún y será muy difícil que lo haya, porque la comunidad no permitirá que se realice explotación en esa área”, expresó el experto, refiriéndose a las protestas de los comunitarios en rechazo a la instalación de una grancera en El Cachón, Barahona.
El apetito del gobierno y el incumplimiento de la ley
Por su parte, Fernando Peña manifestó que lo que ocurre en El Cachón es un reflejo de la situación en varias zonas del país con respecto al tema minero.
“El gran problema es la irracionalidad con la que el Gobierno aborda la industria minera y las demás industrias extractivas, tanto la minería metálica como la no metálica”, señaló.
Peña afirmó que en estos proyectos mineros no se realizan consultas adecuadas, como lo estipula la ley. En su lugar, simulan dichas consultas, utilizando a los propios beneficiarios de los proyectos para realizarlas y validarlas.
“En definitiva, lo que vemos aquí es un incumplimiento de la ley. Si se aplicaran rigurosamente las exigencias de la Ley de Medio Ambiente, aunque no exista una ley de consulta previa sobre el tema, no sucederían estas situaciones. No solo rechazan la opinión de la comunidad, sino que ni siquiera la consultan, y esto ha ocurrido no solo en El Cachón, sino en todo el país”, destacó Peña.
Es necesario escuchar al pueblo
Por su parte, Maritza Ruiz lamentó que las autoridades no escuchen a las comunidades y no desempeñen su rol de supervisión.
“Es lamentable que no se escuchen las voces del pueblo. Si vas a El Cachón y consultas a todas las comunidades, te dirán cuál es su sentir. La supervisión del Gobierno parece consistir en escuchar a las mineras, ya que lo que se privilegia es el pago de estas empresas, lo cual ayuda a financiar el presupuesto público”, expresó Ruiz, refiriéndose a la denuncia de los comunitarios, quienes consideran que la grancera en El Cachón representa una amenaza para el medio ambiente y los recursos naturales.
Las autoridades deben consultar a las comunidades
Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, explicó que los reglamentos de evaluación ambiental establecen dos momentos de contacto con la población. El primero ocurre en la fase inicial del proyecto, cuando las empresas están obligadas a presentar a la comunidad los pros y contras del mismo.
El segundo momento es cuando se realiza el estudio de impacto ambiental, que debe presentarse en una consulta pública para que la comunidad lo apruebe o lo rechace.
“Si la comunidad no aprueba un proyecto, no es posible desarrollarlo. El permiso social es parte del permiso estructural de los proyectos. Por eso, una de las cosas que las empresas más contaminantes, con el apoyo del Estado, han intentado eliminar es ese permiso social. Algunas personas han querido sacarlo de la ley, y ha habido resoluciones para tratar de restarle importancia, pero estas consultas sociales son obligatorias y están normadas”, afirmó Carvajal.
Expertos recomiendan cumplir con el rol de supervisión y escuchar a la comunidad
Los tres expertos en temas ambientales instaron a las autoridades a cumplir con su rol de supervisar a las empresas mineras y a hacer cumplir las leyes nacionales, especialmente en lo referente a la obligatoriedad de las consultas sociales antes de iniciar cualquier proyecto.
Pidieron a las autoridades estar vigilantes para que las consultas mineras en las distintas comunidades se realicen cumpliendo con todos los requisitos, ofreciendo información veraz a la sociedad y escuchando a los comunitarios.