Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, afirmó este lunes que está «pensando seriamente» en plantear que se aplique la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores, en medio de la ola de violencia que golpea al país.
«A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos», aseguró la mandataria durante la inauguración del año escolar en Perú.
Ante un auditorio formado en su mayoría por niños, Boluarte enfatizó que su Gobierno no va «a permitir un muerto más, de un peruano o una peruana que honestamente trabaja».
Pena de muerte como respuesta a la ola de violencia en Perú
La mandataria se expresó de esta manera, aunque sin mencionarlo directamente, ante el asesinato este domingo del cantante de un popular grupo de cumbia, cuyo autobús atacaron con disparos de arma de fuego por desconocidos en Lima.
Esta muerte ha causado conmoción en Perú ante el avance de la ola de criminalidad y ha llevado a partidos políticos de diferentes tendencias a pedir la renuncia o censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Ante las críticas que se hacen su gestión, que según los sondeos recibe un mayoritario rechazo ciudadano, Boluarte afirmó que le pueden «inventar todo lo que quieran», pero nunca podrán acusarla «de recibir coimas (sobornos), como han reconocido algunos corruptos que siguen libres».
La mandataria añadió que «se equivocan si creen» que la «van a tumbar esas fuerzas oscuras» y dijo que los miembros de su gobierno están «firmes y dignos».
Tras las declaraciones de Boluarte, el ministro de Educación, Morgan Quero, declaró a periodistas que la posible iniciativa para aplicar la pena de muerte va a explicarse próximamente con mayor detalle.
Castigo restringido
«En los próximos días seguros tendremos más información», remarcó antes de negar que se trate de «una medida populista» y considerar que, más bien, «es una medida muy sentida por la población».
Boluarte pidió el pasado 10 de diciembre, por primera vez, que en su país se abra el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para los violadores de menores.
Fuentes oficiales informaron en febrero pasado de que el Gobierno iba a presentar durante este mes un informe sobre el planteamiento que hizo la presidenta, con las conclusiones de las audiencias que ha realizado el Ejecutivo para recoger la opinión de la población y las instituciones en el país.
La pena de muerte no es aplicable en Perú desde que entró en vigencia la Constitución de 1979, que solo la permite para los casos de traición a la patria, y después de que el país ratificara en 1978 la Convención Americana sobre Derechos Humanos que restringe ese castigo.
Estado de emergencia en Lima
Lima y su vecina provincia del Callao, una conurbación en la que viven uno de cada tres ciudadanos de Perú, esperan este lunes el aumento de las medidas de seguridad, como el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, tras el anuncio del Gobierno de declarar en emergencia ambas localidades por el aumento de la inseguridad.
Por el momento, no se registró un aumento de efectivos policiales ni militares y reinó la normalidad entre las actividades cotidianas de los ciudadanos de la capital peruana y el Callao, según pudo constatar EFE.
La noche del domingo, el primer ministro Gustavo Adrianzén informó en un mensaje publicado en la red social X, que el Ejecutivo declarará el estado de emergencia en las próximas horas en Lima y Callao, con la autorización para el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, una medida que todavía no se ha oficializado.
Moción de censura a ministro
Mientras tanto, un grupo de parlamentarios de Perú de diferentes partidos formalizó la presentación de una moción que plantea que el Congreso censure al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su presunta «incapacidad y falta de liderazgo en el sector», en medio de la crisis generada por la ola de violencia criminal que golpea a Perú.
La moción, impulsada por la congresista opositora Susel Paredes, se ingresó a la mesa de partes del Congreso con la firma de 34 legisladores y el número 16182, según se confirmó este lunes en el portal oficial del Legislativo peruano.
El documento resalta un aumento de homicidios en el país durante este año, y que Lima lidera esas cifras, con 21 casos desde enero, además de afirmar que «los resultados no han sido los esperados» por las decisiones de declarar el estado de emergencia para enfrentar a la criminalidad en ciudades como Lima, Trujillo y Tumbes.
«La ausencia de medidas concretas y planes estratégicos inmediatos revela una alarmante falta de dirección en el sector Interior», remarca la moción antes de concluir que «sin una gestión sólida y un plan de acción claro, las soluciones a los problemas del país siguen siendo insuficientes».
Santivañez descarta renunciar
Por su parte, Santiváñez descartó que piense renunciar al cargo y afirmó que, si es citado por el Congreso, que plantea presentar una moción para buscar censurarlo en el cargo, expondrá los «logros» que, en su opinión, han logrado las autoridades en la lucha contra la criminalidad.
«Estoy dispuesto a ir al Congreso y explicar todo el trabajo que la Policía Nacional está haciendo, porque está demostrado, justamente con los logros y las detenciones que hemos obtenido», señaló Santiváñez en declaraciones publicadas este lunes por medios locales.