Santo Domingo.- Reconociendo que el cuidado del agua es la mayor prioridad de las comunidades y el eje central del diálogo nacional, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) ha profundizado en su propuesta de modernización legal, planteando la transición hacia un modelo de fiscalización digital y abierta. El objetivo es que el monitoreo de las cuencas hídricas deje de basarse en reportes estáticos de papel y pase a sistemas de telemetría en tiempo real, accesibles para las autoridades, la academia y la ciudadanía.
Esta iniciativa parte del reconocimiento de que la confianza no se puede exigir, sino que debe diseñarse a través de la transparencia en cada proceso, con el acompañamiento y escucha de las preocupaciones de las comunidades. Al integrar sensores de alta precisión en los entornos operativos, la propuesta busca que cualquier ciudadano pueda verificar, por sí mismo, la calidad y el caudal de los ríos, convirtiéndose en el principal auditor del cumplimiento ambiental del sector.
Desde la perspectiva de la conservación y la gestión de cuencas, Roberto Herrera, presidente de Fondo Agua Santo Domingo, resaltó durante la reciente presentación de la propuesta de ley que el camino hacia la legitimidad social transita por la apertura de datos. “La confianza se construye con hechos claros y con información que las personas puedan entender. No se trata de flexibilizar los controles ambientales, sino de hacerlos mejor: más inteligentes, más coordinados y apoyados en tecnología, para que la autoridad pueda exigir lo que el país necesita. Con información sólida podemos demostrar que es posible cuidar el entorno y al mismo tiempo avanzar en la recuperación de nuestras cuencas”, señaló Herrera.
Herrera enfatizó, además, que la transparencia es fundamental para sanar la relación entre el sector productivo y el territorio: “Toda política es local porque es en la comunidad y en cada municipio donde las decisiones se vuelven realidad. Ahí es donde se construye o se pierde la confianza.
La transparencia y la claridad no son opcionales y si son la base para hacer las cosas bien. Por eso, frente a la desinformación el camino es el diálogo abierto basado en hechos que permita a las personas entender, participar y confiar”.
La propuesta de CAMIPE busca que esta vigilancia sea constante y obligatoria por ley. Bajo este esquema de telemetría, los parámetros del agua serían transmitidos de forma automatizada, eliminando cualquier espacio para la discrecionalidad.
“Entendemos y respetamos las inquietudes de quienes miran con reserva la actividad minera. Precisamente por eso, nuestra responsabilidad es responder con hechos verificables y no con promesas”, afirmó Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE. “Queremos que la ley dote al ciudadano del derecho legal de ver la salud de su agua en su propio celular. No pedimos fe ciega en nuestras prácticas; proponemos un sistema donde la ciencia hable de forma abierta y constante para tranquilidad de todas las familias”.
Esta modernización, alineada con el plan Meta 2036 del gobierno dominicano que busca duplicar el PIB impulsando el crecimiento económico y sostenible, posicionaría a la República Dominicana bajo los más altos estándares internacionales de minería responsable, asegurando que el desarrollo económico nunca ocurra a expensas de la seguridad hídrica de la nación.
Acerca de CAMIPE
La Cámara Minera-Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) es una entidad privada sin fines de lucro creada el 18 de abril de 1997 para promover el desarrollo dinámico y sostenible del sector minero y petrolero dominicano. Su misión es posicionar al país como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera en las industrias extractivas, apoyando el establecimiento de condiciones óptimas para su crecimiento, fomentando transferencia tecnológica, desarrollo de recursos humanos y políticas públicas responsables que protejan el medio ambiente.
CAMIPE mantiene un diálogo permanente con autoridades, academia y sociedad civil, contribuye a la definición de normas ambientales adecuadas y representa a sus miembros en instancias gubernamentales y empresariales para impulsar un sector competitivo, transparente y socialmente responsable.