Santo Domingo.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional condenó a otras siete personas físicas y clausuró tres empresas de la red de narcotráfico internacional y lavado de activos desmantelada a partir de la puesta en marcha de la Operación Búfalo NK en el año 2024.
Los miembros de la organización criminal con carácter transnacional a los que se les incautaron 1,824 kilogramos de drogas, se declararon culpables de los delitos previo a acuerdos con el órgano acusador que fueron homologados por el tribunal. En total 14 personas integrantes de la red fueron condenadas en el proceso penal.
Al acoger la solicitud de aplicación del Procedimiento Penal Abreviado que hizo el Ministerio Público, el tribunal condenó a Isidoro Rotestán Clase a 7 años de prisión, de los cuales deberá cumplir 3 años y seis meses en arresto domiciliario.
En tanto que Francisco Morrobel Pérez fue condenado a 5 años con suspensión de la pena y el pago de una multa de RD$50 mil pesos.
También, Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron condenados cada uno a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una multa de 100 salarios mínimos. En el tiempo de la pena suspendida deben cumplir algunas reglas, entre estas residir en un domicilio fijo, estableciendo el tribunal, que, en caso de incumplimiento, deben cumplir la totalidad de la pena en prisión.
Además, fueron clausuradas de manera definitiva las empresas Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L., estableciéndose también el pago de una multa para cada una por un monto de 100 salarios mínimos.
En el proceso se aplicó un Criterio de Oportunidad en favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino.
Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público en la audiencia donde el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó los acuerdos.
En este proceso también se impusieron sanciones económicas por diferentes montos y se ordenó el decomiso de diferentes bienes, incluyendo 18 inmuebles, además de dinero en pesos y dólares, así como armas de fuego, municiones, vehículos y embarcaciones.
El proceso judicial contra la red
Por su vinculación a este caso también había sido condenado anteriormente Rafael Ynoa Santana, a quien le fue dictada la pena máxima de 10 años de prisión que establece la ley para esos casos, mientras que Robert Nicolás Acosta fue condenado a 7 años.
Además, fueron condenados a cinco años de prisión Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier. Asimismo, Maritza Flete Santana fue sentenciada a tres años de prisión.
En el proceso también se le aplicó un criterio de oportunidad a Juan Henríquez Tavárez.
El tribunal ordenó, además, el decomiso de 18 inmuebles en total, entre estos apartamentos y residencias en zonas de Punta Cana, en la provincia La Altagracia, así como solares, terrenos y parcelas en zonas de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en Azua, y La Romana.
Igualmente, se dispuso el decomiso de 16 vehículos terrestres, 6 autobuses de transporte masivo, 7 embarcaciones, 5 motores fuera de borda, 3 armas de fuego y 115 municiones. También, un total de US$97,700 y RD$17,412,085.91.
La estructura criminal
La red la integraban ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con conexiones además en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
Esta estructura tenía la capacidad de operar simultáneamente en diversas jurisdicciones, utilizando rutas marítimas y aéreas para trasladar cargamentos de cocaína a gran escala, consolidándose como un engranaje esencial del narcotráfico internacional.
La investigación se inició en el año 2020 con el apoyo de la DEA y autoridades colombianas. Posteriormente, se ejecutó la Operación Búfalo NK en septiembre de 2024 durante labores desarrolladas por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio de Defensa, agencias de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.