Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue apoderado de una demanda en reparación patrimonial contra la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, a quien se le acusa de dolo e imprudencia grave en el ejercicio de sus funciones, tras negarse a devolver un vehículo que, según varias sentencias judiciales, fue incautado de manera ilegal.
El vehículo en cuestión es un Grand Cherokee blanco, modelo 2018, con chasis número 1C4RJEBG4C193720 y matrícula 8730044. La orden de devolución del automóvil fue emitida el 1 de diciembre de 2021, por medio de la sentencia número 249-04-2021-SSEN-00289, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El abogado de la parte demandante, Dr. Julio Cury, expresó que la fiscal mostró “una inflexible y arbitraria reticencia” para cumplir con las decisiones judiciales. Según Cury, esta actitud constituye una actuación imprudente e ilegal que hará a la fiscal responsable de los daños causados. “Será condenada, de forma conjunta y solidaria con el Ministerio Público, a reparar los daños antijurídicos causados a la víctima”, afirmó el abogado.
A pesar de las sentencias judiciales, la fiscal no cumplió con la orden de entrega del vehículo. En abril de 2023, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional reiteró la orden de devolución, pero tampoco fue acatada. Finalmente, el 31 de octubre de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia, rechazando el recurso de casación interpuesto por la fiscal Ramos Castillo.
Por su parte, José Alberto Cruceta hijo, abogado de la demandante, enfatizó que la actuación de la fiscal, “al no contar con ningún respaldo normativo, constituye una actuación saturada de ilegalidad”. Cruceta añadió que la fiscal tendrá que asumir su responsabilidad, ya que en un Estado democrático de derecho, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada debe ser respetada y cumplida, “aunque a ella le rechine”.
Esta demanda resalta la gravedad de la actitud de la fiscal ante decisiones judiciales firmes, y abre la puerta a posibles sanciones patrimoniales por la violación de las sentencias emitidas por los tribunales superiores.