Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite y ya investiga la querella presentada por dos trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
Las trabajadoras denunciaron en un primer momento al cantante ante la Fiscalía, que en ese momento consideró que los tribunales españoles no eran competentes para investigar los hechos, ocurridos en 2021 en República Dominicana y Bahamas.
Sin embargo, las denunciantes decidieron interponer una querella directamente ante un juzgado de la Audiencia Nacional por hechos que podrían constituir delitos como acoso sexual, agresión sexual, trato degradante, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
Tras analizar el caso, y con un informe de la Fiscalía que en esta ocasión sí vio competente a la Justicia española, el juez Antonio Piña ha admitido a trámite la querella y ha citado a declarar a las empleadas el 3 de febrero.
Ve indicios de prueba
El juez considera que el relato pormenorizado que contiene la querella y el principio de prueba que se aporta «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad».
Además del relato, la querella aporta la fotografía donde se puede ver un moratón en un brazo y dos marcas en los muslos que «pueden corresponderse con la mordedura de una persona», así como conversaciones, según el auto.
Eso sí, el juez acepta investigar lo relativo a los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, estos dos últimos por hechos cometidos con posterioridad al 5 de octubre de 2021, salvo que formaran parte de la dinámica de un delito contra la libertad sexual no prescrito, y rechaza la querella respecto de los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores.
Dos antiguas empleadas -una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta- acusan a Julio Iglesias de haberlas sometido a «situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas», así como lesiones y vejaciones en 2021, cuando éste tenía 77 años, en las casas del artista en República Dominicana y Bahamas.
Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.
«Omisión» de hechos
En el auto, el juez cuestiona que la querella ofrezca «un relato mutilado» al limitar la narración de los hechos a Julio Iglesias, «prescindiendo de la participación» que tendrían dos administradoras de las casas a quienes también se les imputan «actos sexuales» contra las denunciantes.
Estas «importantes lagunas» y «omisiones» en la narración que «difícilmente pueden considerarse casuales», parecen responder, según el juez, «al propósito deliberado de favorecer» que sea la Justicia española quien investigue estos hechos.
El juez llega a cuestionar así que se presente la querella en España porque esto puede determinar «la fragmentación del conocimiento de unos hechos» que aconsejarían «un enjuiciamiento conjunto».
Todo esto, dice Piña, plantea «necesidades de cooperación y delimitación del procedimiento», pero considera que no excluye «la jurisdicción legalmente atribuida» por ser Julio Iglesias español.
EFE

