Santo Domingo.- La Dirección General de Aduanas (DGA), junto con el Ministerio Público, decomisó un cargamento de mercancías introducidas, presuntamente, de manera irregular al país durante un operativo realizado en el Puerto Multimodal Caucedo, acción que evitó pérdidas fiscales superiores a los RD 42.2 millones por concepto de derechos e impuestos de importación.
El hallazgo incluyó 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer y 961 televisores de distintas marcas y tamaños, mercancías cuyo contenido real no correspondía con la documentación presentada ante las autoridades aduaneras.
Durante las inspecciones, realizadas conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente, los equipos actuantes detectaron inconsistencias en el contenido físico de dos contenedores, lo que derivó en la incautación de las mercancías.
De acuerdo con las estimaciones preliminares de la institución, en uno de los contenedores los derechos e impuestos de importación asociados ascienden a RD 32,179,370.00, mientras que las mercancías encontradas en el segundo representan RD 10,075,483.26, para sumar entre ambos un total de RD 42,254,853.26.
La operación fue resultado de la labor de las áreas de Inteligencia y Fiscalización de la DGA, con el apoyo del Ministerio Público, a través de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando (UNIP-Ercon), lo cual permitió identificar y detener un importante cargamento vinculado, presuntamente, a actividades de comercio ilícito antes de su ingreso al mercado nacional.
Con estas acciones, la entidad reafirma la efectividad de los mecanismos de control, vigilancia e inteligencia implementados, al tiempo que mantiene una política de tolerancia cero frente al contrabando, la defraudación aduanera, la evasión fiscal y otras prácticas que afectan la economía nacional y generan competencia desleal en el comercio formal.
Este operativo constituye la mejor respuesta para cualquier tipo de información falsa difundida que apunte a la entidad.
Así se confirma el enfoque que tienen las autoridades para robustecer su estrategia de vigilancia y control para enfrentar las redes dedicadas al comercio ilícito y asegurar el cumplimiento de las normas que regulan el intercambio comercial en el país.