Santo Domingo.- En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV) hace un llamado urgente para defender la dignidad y los derechos de los adultos mayores en la República Dominicana, quienes enfrentan condiciones alarmantes de vida.
Actualmente, los adultos mayores representan cerca del 8% de la población dominicana, cifra que se incrementará significativamente en las próximas décadas.
Para el año 2050, se estima que uno de cada cuatro dominicanos tendrá más de 60 años. Sin embargo, esta población envejece en condiciones de alta vulnerabilidad: el 85% vive con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, y muchos carecen de acceso a pensiones dignas.
A pesar de avances legislativos como la Ley 352-98 y la existencia del CONAPE, persisten graves desafíos estructurales. El sistema de seguridad social está bajo presión, los servicios de salud geriátrica son escasos y deficientes, y el acceso a atención médica especializada es limitado, especialmente en zonas rurales. Además, los adultos mayores enfrentan abandono, maltrato y discriminación, incluyendo la negación de oportunidades laborales por razones de edad.
Las mujeres mayores son doblemente vulneradas, tanto por su género como por su edad, debido a su histórica exclusión del empleo formal y a la falta de redes de apoyo. Esta situación se agrava por la invisibilización de los adultos mayores en las políticas públicas, lo que constituye una deuda pendiente del Estado.
Desde el ODHGV, denunciamos que:
Envejecer en pobreza es una forma de violencia estructural.
Las mujeres mayores enfrentan una doble discriminación.
El acceso a cuidados de larga duración sigue siendo un privilegio.
La exclusión de los adultos mayores en la agenda pública es inaceptable. La discriminación laboral por edad limita su autonomía y calidad de vida.
Manuel Meccariello, director del Observatorio, expresó: “No podemos seguir permitiendo que nuestros adultos mayores vivan en el olvido. Es urgente implementar una pensión universal, ampliar los servicios de salud geriátrica, garantizar el acceso a cuidados domiciliarios y crear entornos seguros y accesibles para esta población.”
El Observatorio hace un llamado a:
El Congreso Nacional, para revisar y actualizar la Ley 352-98 y ratificar la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El Poder Ejecutivo, para priorizar el envejecimiento en la agenda social y presupuestaria.
La sociedad civil y el sector privado, para promover una cultura de respeto, inclusión y solidaridad intergeneracional.
Los adultos mayores no son una carga: son portadores de historia, sabiduría y derechos.
El envejecimiento digno debe ser una prioridad nacional.