La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, un proyecto de ley que modifica la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La reforma establece sanciones severas para los traficantes de migrantes, con penas que pueden llegar hasta los 40 años de prisión en casos de agravantes específicas.
El nuevo marco legal contempla castigos más duros para aquellos que cometan delitos relacionados con la trata de personas. Las penas de prisión para estos delitos oscilarán entre 20 y 25 años, además de multas que varían entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público. En el caso de los cómplices, las penas serán de entre 15 y 20 años de reclusión.
En cuanto al tráfico ilícito de migrantes, la pena base para los cómplices será de 10 a 15 años de prisión. Sin embargo, si se presentan circunstancias agravantes, las sanciones podrían incrementarse hasta alcanzar los 40 años de cárcel. Esta medida busca endurecer las consecuencias para quienes faciliten la migración ilegal, especialmente en condiciones de riesgo para los migrantes.
Una de las principales novedades de la reforma es la inclusión de sanciones para los funcionarios públicos involucrados en estos delitos. Aquellos hallados culpables o cómplices de trata de personas serán inhabilitados para ejercer cualquier función pública durante un período de diez años. En caso de reincidencia, esta inhabilitación se ampliará a 20 años, y comenzará a cumplirse una vez que se haya cumplido la pena privativa de libertad impuesta.
Además, se considera agravante la participación de funcionarios de los órganos extrapoder, los demás poderes del Estado y los gobiernos locales en delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Esta medida busca garantizar que no haya impunidad en aquellos casos en los que personas en cargos públicos se vean involucradas en estos crímenes.
El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril y esta es la segunda vez que el Gobierno intenta reformar la Ley 137-03.