Santo Domingo.- El director nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, advirtió este martes que la Policía Nacional podría enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios como consecuencia de la muerte de jóvenes durante intervenciones policiales, como ocurrió recientemente con el caso de Darlin Mercado, de 19 años, en el sector Herrera.
Valentín Santos sostuvo que “si bien existe una responsabilidad individual en el ámbito penal, no es menos cierto que, por la proyección de vida de la víctima y las características de los hechos, la institución de la Policía Nacional también podría ser demandada por los daños y perjuicios ocasionados”.
El director de la Defensa Pública recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a diversos Estados de la región por el uso excesivo de la fuerza y los abusos cometidos por cuerpos policiales. Citó como referencia los casos Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Montero Aranguren y otros vs. Venezuela y Usón Ramírez vs. Venezuela, en los que el tribunal estableció la responsabilidad internacional de los Estados cuando sus agentes actúan de manera desproporcionada y al margen de los protocolos establecidos.
“Las sentencias de la Corte IDH son claras: el uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcional y ajustado a la ley. Cuando un agente policial causa la muerte de un ciudadano en violación de esos principios, el Estado no solo puede enfrentar responsabilidades penales derivadas de la actuación individual del agente, sino también responder patrimonialmente frente a las víctimas y sus familiares”, explicó.
Asimismo, advirtió que desde hace tiempo ha venido alertando sobre el impacto que este tipo de actuaciones tiene para la imagen internacional de la República Dominicana, al considerar que las acciones de algunos miembros de la Policía Nacional desacreditan al Estado dominicano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y son objeto de observación en los informes anuales sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Valentín Santos agregó que estas actuaciones también incrementan el riesgo de que la institución sea objeto de demandas civiles, debido a que muchas de las víctimas mortales registradas en intervenciones policiales son jóvenes de entre 18 y 25 años. “Esa etapa de la vida representa una alta expectativa de desarrollo personal y productivo, un elemento que los tribunales suelen valorar al momento de establecer indemnizaciones por daños materiales y morales”, precisó.
Finalmente, hizo un llamado al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional para fortalecer la formación de los agentes en materia de derechos humanos, reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza.
“No podemos seguir perdiendo vidas jóvenes ni exponiendo al Estado dominicano a condenas internacionales y cuantiosas demandas civiles. La seguridad ciudadana debe garantizarse siempre con pleno respeto a la vida, la dignidad humana y el Estado de derecho”, concluyó.