Santo Domingo.- En un acto solemne y con la participación de 27 senadores y 133 diputados, el Congreso Nacional proclamó hoy la nueva Constitución de la República Dominicana, incorporando varias reformas propuestas por el presidente Luis Abinader. Este evento marcó un momento significativo en la historia legislativa y constitucional del país, con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezando la Asamblea Nacional Revisora.
Previo a la proclamación, manifestantes se congregaron en las afueras del Congreso para expresar sus inquietudes y captar la atención de las autoridades. Entre las enmiendas de mayor relevancia, se encuentra la modificación del artículo 124, que establece una prohibición estricta contra cualquier intento de alterar las disposiciones sobre reelección presidencial durante el mandato en funciones, con el objetivo de evitar inestabilidad política y la prolongación del poder.
Otra reforma central es el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Público. La designación del Procurador General de la República se realizará a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un período inamovible, salvo por juicio político, y el titular no podrá haber ocupado cargos directivos en partidos políticos ni haber sido candidato a elecciones populares en los cinco años previos a su nombramiento.
La unificación de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias y municipales también forma parte de las reformas aprobadas. Esta medida busca reducir costos y simplificar el proceso electoral. A partir de 2032, estas elecciones se celebrarán el tercer domingo de mayo, aunque una disposición transitoria establece que en 2028 se realizarán de forma separada para facilitar la transición.
Además, se modificó el artículo 81, reduciendo el número de representantes en la Cámara de Diputados a 137, distribuidos entre circunscripciones territoriales, acumulación de votos a nivel nacional y representantes de la diáspora dominicana. Esta reorganización pretende reflejar de manera equitativa la distribución geográfica y demográfica del país.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) también experimentará cambios significativos, eliminando al Procurador General como miembro del organismo, con el objetivo de fortalecer la separación de poderes. El CNM tendrá ahora la responsabilidad de designar al Procurador General, centralizando esta decisión para garantizar una mayor coherencia en las decisiones judiciales y administrativas.
En el ámbito de la administración pública, las reformas incluyen la creación del Abogado General de la Administración Pública, quien representará a la administración en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
El documento constitucional también establece disposiciones transitorias para una implementación ordenada de las reformas, incluyendo la continuidad de las funciones actuales del Consejo Superior del Ministerio Público y del Ministerio Público en la formulación de políticas contra la criminalidad, hasta que las leyes complementarias sean promulgadas.