Lima.- Un tribunal peruano revocó este martes la orden de 36 meses de prisión preventiva dictada en noviembre pasado para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien es investigado por presuntamente liderar una red criminal que, según la Fiscalía, buscaba «perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal».
La decisión fue tomada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, según señaló la resolución reseñada este martes por medios locales.
El tribunal superior declaró fundadas las apelaciones presentadas por las defensas de Boluarte, así como de otros cuatro investigados por el caso denominado ‘Los waykis (amigos) en la sombra’, abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
La medida reformó por «improcedente» una resolución de 36 meses de prisión preventiva dictada el pasado 19 de noviembre por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, y señaló que la investigación continuará con órdenes de comparecencia simple.
Juez cuestiona arraigo de Boluarte
Cuando tomó esa decisión, el juez Concepción Carhuancho consideró que Nicanor Boluarte, quien ha permanecido desde entonces en paradero desconocido, tendría facilidad para salir del país, debido a su condición de hermano de la presidenta, además de descartar que tenga arraigo laboral y domiciliario, tal como argumentó la defensa.
En esta investigación se ha comprendido a Boluarte, a Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, y a otras personas por presuntamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones.
Durante las audiencias del caso, el Ministerio Público argumentó su solicitud en el testimonio de un amigo de los Boluarte, Víctor Torres, quien aseguró que el hermano de la jefa de Estado actuaba como el «poder en la sombra» en el actual gobierno.
EFE