Buenos Aires.- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez.
La Justicia aceptó, además, el pedido que hizo la defensa del exmandatario para apartar al juez que llevaba la causa, Julián Ercolini, con el fin de «alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes» y dispuso que se designe un nuevo magistrado.
El tribunal penal -integrado por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci- decidió por unanimidad rechazar los argumentos de la defensa del acusado contra la primera decisión judicial de procesar a Fernández, acusado de lesiones leves y agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas, en concurso real.
El fiscal federal Ramiro González solicitó el pasado 14 de agosto que Fernández fuera juzgado en un juicio oral y público.
El expresidente, además, había solicitado que se apartara de la causa tanto al juez Ercoloni como al fiscal Ramiro González, quien el 14 de agosto pidió juicio oral, al argumentar incompetencia y falta de objetividad de ambos.
La denuncia que tiene a Alberto Fernández en líos judiciales
Yáñez, de 43 años, denunció en 2024 al expresidente, de 65, después de que la Justicia argentina, en una investigación a Fernández por supuesto tráfico de influencias, hallara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar “lesiones leves en contexto de violencia de género” contra la ex primera dama.
Tras una extensa investigación, en la que se tomó declaración a Yáñez y más de una decena de testigos, Ercolini acusó el 17 de febrero a Fernández como autor penalmente responsable de «los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades».
Entre las pruebas analizadas, provistas tanto por Fernández como por Yáñez, se incluyen historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como la declaración de la denunciante y de una extensa lista de testigos.
De ser hallado culpable de estos delitos, el exmandatario argentino podría enfrentar una pena de hasta quince años de prisión.