Guayaquil (Ecuador).- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, no asistió este viernes a la audiencia en la que debía comparecer por una denuncia por presunta violencia política de género interpuesta en su contra por la asesora presidencial Diana Jácome y pidió su diferimiento debido a la ausencia de su abogado.
Abad no se presentó en la sala de audiencias del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, y 15 minutos antes de la hora de la diligencia envió un escrito a la jueza en el que pedía el diferimiento de la misma porque su abogado tenía una convocatoria por otro caso en otra ciudad.
La que sí se presentó fue la asesora presidencial Diana Jácome, cuyo abogado, Juan Carlos Estrella, dijo sentirse sorprendido por la suspensión. El jurista aseguró que tenían «los argumentos» para decirle a la jueza que la audiencia podía realizarse en ausencia de la vicepresidenta, pero la magistrada tampoco entró en la sala.
Jácome interpuso esta denuncia en respuesta a otra similar que había puesto anteriormente la vicepresidenta contra el presidente Daniel Noboa y varios funcionarios de su Administración, entre los que se encontraba la misma asesora presidencial. Esta denuncia fue rechazada el martes por el TCE.
Pero, además, el abogado de la asesora señaló que lo que sustenta esta denuncia son «declaraciones realizadas» por Abad en contra de Jácome que consideran «que se ciñen a lo que el Código de la Democracia (Ley electoral) estipula como violencia política de género».
Jácome busca destituir a la vicepresidenta
Con este proceso por violencia política de género, lo que se busca es la destitución de la vicepresidenta, según dijo Jácome en una entrevista en septiembre pasado. «Confío en la Justicia electoral, que actúe en derecho y acepte mis pretensiones que he puesto en esta denuncia: destitución, suspensión de los derechos políticos y sanción económica», señaló en ese entonces.
La denuncia bajo la figura de violencia política de género podría ser considerada como una «infracción electoral muy grave», que se sanciona con la destitución y/o suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años y una multa.
Este cruce de denuncias y acusaciones se dan en el marco del enfrentamiento que existe entre Abad y Noboa, que se evidenció desde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023, y que se agudizó cuando, al asumir el cargo, el gobernante le asignó funciones como embajadora en Israel para promover la paz entre israelíes y palestinos.
Riesgo de sanción
Tras el crecimiento de las tensiones en Oriente Medio, el Gobierno decidió trasladar a Abad a Turquía, pero señaló que la vicepresidenta no había viajado en el plazo establecido, por lo que el Ministerio de Trabajo le abrió un sumario administrativo que terminó en una sanción de 150 días de suspensión.
Abad interpuso entonces una acción de protección que el lunes dejó sin efecto dicha sanción que le impedía asumir la Presidencia de forma temporal cuando Noboa deba pedir licencia en enero para hacer campaña electoral, con miras a los comicios de 2025.
Tras esa decisión de la Justicia, Noboa le volvió a asignar funciones, esta vez, como consejera temporal en la Embajada de Turquía, a la que Abad debe presentarse hasta la media noche de este viernes.
Sin embargo, su abogada Dominique Dávila, dijo a EFE que la vicepresidenta no se presentará este viernes en Ankara, sino que viajará dentro de los próximos 30 días, en concordancia con lo que dice la Ley de Servicio Exterior. Una decisión con la que se arriesgaría a una eventual sanción.
EFE