Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitará este miércoles 23 de septiembre que sea declarado complejo el proceso contra 26 personas arrestadas en el marco de la Operación Cobra 2.0-A, así como que se les impongan 18 meses de prisión preventiva, por su presunta vinculación con un esquema de corrupción que habría utilizado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para sustraer fondos públicos.
La información fue ofrecida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), luego de que el juez Rigoberto Sena aplazara para las 2:00 de la tarde del miércoles la audiencia de conocimiento de las medidas de coerción.
Ortiz explicó que el Ministerio Público ha identificado, entre las evidencias obtenidas durante la investigación, autorizaciones médicas que fueron facturadas y cobradas al SeNaSa pese a que los procedimientos correspondientes no habrían sido realizados.
“El Ministerio Público ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, afirmó Ortiz.
La titular de la Pepca sostuvo que la investigación procura judicializar un supuesto esquema articulado desde el SeNaSa, en el que habrían participado exempleados de la institución y médicos que tenían códigos asignados para prestar servicios a la aseguradora estatal.
“Estamos judicializando en esta ocasión a un articulado esquema que se organizó desde el SeNaSa con exempleados del SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados”, declaró.
Audiencia fue aplazada
El Ministerio Público acudió preparado para conocer la solicitud de medidas de coerción, pero los abogados de los imputados solicitaron al tribunal un plazo para examinar las numerosas pruebas depositadas por el órgano acusador.
A esto se sumó la incorporación al proceso de la doctora Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades durante la mañana del lunes. La Pepca depositó ante el tribunal la solicitud de medida de coerción en su contra.
“En el día de hoy el Ministerio Público vino listo para el conocimiento de la audiencia de la medida de coerción; sin embargo, los abogados de las defensas solicitaron plazos al tribunal para poder conocer las pruebas”, explicó Ortiz.
La audiencia fue celebrada, por razones de espacio, en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Solicitud contra los imputados
El Ministerio Público solicita que se impongan 18 meses de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
La petición también alcanza a la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Asimismo, están incluidos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Según el Ministerio Público, la solicitud de declaratoria de complejidad está sustentada en la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de la alegada existencia de elementos propios de delincuencia organizada.
Investigación por presunta corrupción en SeNaSa
La Operación Cobra 2.0-A constituye una nueva fase de la investigación iniciada con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado al entonces director del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado por el órgano acusador como cabecilla del supuesto entramado de corrupción.
En esa primera etapa también fueron arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El órgano acusador sostiene que la investigación busca establecer responsabilidades penales y procurar el decomiso de miles de millones de pesos que, según su tesis, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
A los involucrados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El Ministerio Público también afirma haber obtenido evidencias relacionadas con presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y la utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer recursos públicos mediante supuestas maniobras fraudulentas.
Operación Onco14
Dentro de las líneas de investigación vinculadas al caso, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, que derivó en el arresto de tres personas señaladas por supuestamente integrar una estructura que habría cometido maniobras fraudulentas en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y el SeNaSa.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó la Vicepresidencia y funciones de auditoría del patronato.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
La audiencia para conocer las medidas de coerción contra los 26 imputados de la Operación Cobra 2.0-A continuará este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, bajo la conducción del juez Rigoberto Sena.