Santo Domingo.- El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados, a través de su director, el comunicador Manuel Meccariello, hizo un llamado firme y urgente al Congreso Nacional para que el nuevo Código Penal sea una verdadera herramienta de justicia, diseñada para proteger a todas las personas por igual, sin importar a qué grupo social pertenezcan.
“El nuevo Código Penal no puede ser aprobado a espaldas de quienes más necesitan protección. Pedimos a los legisladores que escuchen el clamor de las mujeres, de las personas con discapacidad, de la población LGBTIQ+, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas privadas de libertad, de quienes enfrentan pobreza extrema y de todos los sectores históricamente marginados. Este no debe ser un código para unos pocos, sino un marco legal justo, moderno e inclusivo que no deje a nadie fuera”, expresó Meccariello.
Desde el Observatorio se advierte con preocupación que las discusiones en el Congreso han ignorado temas fundamentales que afectan directamente a estas poblaciones, perpetuando así patrones de desigualdad, exclusión y discriminación estructural.
“Una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos no puede avanzar con una legislación que invisibilice a quienes ya viven en desventaja. Se trata de justicia, de dignidad y de un compromiso real con el bienestar colectivo. No se puede construir un nuevo país con viejas exclusiones”, sostuvo Meccariello.
“La dilación tiene consecuencias reales. Mientras el Congreso discute y retrocede, el país sigue sin una legislación penal acorde con los tiempos. Seguimos sin respuestas efectivas ante crímenes como el feminicidio, la violencia sexual digital, la corrupción y los delitos ambientales, que no están debidamente tipificados ni sancionados en el código vigente”, denunció el director del Observatorio.
El Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados sostiene que el nuevo Código Penal representa una deuda histórica del Congreso con la ciudadanía. “Este país necesita una legislación penal moderna, integral y equilibrada que garantice los derechos humanos y la dignidad de cada persona. Necesitamos un código que enfrente los desafíos de la criminalidad actual, que proteja a las víctimas, y que no deje a ningún grupo fuera de su alcance”, afirmó.
Finalmente, el Observatorio reiteró que mientras no se supere el impasse ideológico y político que frena esta reforma, el vacío legal continuará afectando seriamente la justicia penal dominicana y perpetuando la desigualdad en el acceso a derechos fundamentales.
“Es hora de legislar con sensibilidad social y con visión de futuro.”, concluyó Meccariello.