Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aprobó este miércoles, mediante el Decreto 52-26, el nuevo Reglamento de Aplicación General de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, marcando el inicio de un nuevo ciclo de transformación hacia una administración pública más transparente, eficiente y responsable frente a la ciudadanía.
Durante un acto en el Palacio Nacional, con la presencia de ministros, directores generales y autoridades de los órganos de control y del Ministerio Público, el presidente Abinader reiteró que, a partir de hoy, cada institución sujeta al ámbito de aplicación de la Ley deberá ajustar su gestión contractual al nuevo marco normativo de manera obligatoria.
Nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia y fortalece los controles
El presidente aseguró que el nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia, fortalece los controles y promueve una cultura de prevención, en consonancia con el compromiso asumido al inicio de su gestión de fortalecer las instituciones, proteger los recursos públicos y cerrar los espacios donde históricamente se ha producido el abuso, la improvisación y la falta de controles.
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable”, subrayó Abinader, tras afirmar que la nueva ley consolida un modelo de gestión donde las decisiones dejan rastro, tienen responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.
En su discurso, el jefe del Estado destacó que esta reforma alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas permanezcan más allá de cualquier gobierno.
Un Estado que aprende a funcionar con normas claras
“El verdadero cambio no es una ley nueva, sino un Estado que aprende a funcionar con normas claras y permanentes”.
“Este Gobierno ha apostado a algo fundamental: que las instituciones sean más fuertes que las personas; que las reglas sean más duraderas que los cargos; que el interés general esté siempre por encima de cualquier conveniencia particular. Ese es el país que creemos. Ese es el país que estamos construyendo”, agregó el presidente.
El mandatario también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que hicieron posible el nuevo marco normativo, el cual contribuirá al fortalecimiento institucional del país.
Luis Abinader reiteró que, en esta fase de implementación, el Gobierno acompañará a las instituciones, capacitará a los servidores públicos y a los proveedores, y dará las orientaciones necesarias para la correcta aplicación de la ley.
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró de manera especial el respaldo decidido del presidente para la aprobación de la reforma y aseguró que, bajo el liderazgo de Abinader, la transparencia ha dejado de ser un discurso para convertirse en una política pública con resultados concretos.
Dijo que la presencia de la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y los órganos de control del Estado es una muestra de que “la nueva ley no caminará sola: caminará acompañada de instituciones comprometidas con la legalidad y la rendición de cuentas”.
Aseguró a los ministros y titulares de instituciones que la reforma está diseñada para fortalecer su labor, brindar mayor seguridad jurídica y elevar los estándares de la gestión pública, mientras que a la ciudadanía le garantiza que cada contratación responda al interés general y no a intereses particulares.
El titular de la DGCP explicó que la implementación de la nueva ley se realizará de manera gradual, ordenada y responsable, conforme al cronograma aprobado, garantizando la correcta adaptación institucional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas.
Garantes de la aplicación de la normativa
“Seremos garantes de la aplicación uniforme de la normativa, del respeto a sus principios y del cumplimiento de los estándares de transparencia, eficiencia y legalidad, porque el país merece un sistema de contrataciones públicas moderno, confiable y al servicio del interés general”.