Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader recibió este viernes la Declaración de Santo Domingo, al cierre de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que 23 países reafirmaron su compromiso con una justicia más independiente, accesible y centrada en la dignidad humana, lo cual consolida a la República Dominicana como epicentro del diálogo judicial regional.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina Peña, quien habló en nombre de los participantes de los 23 países en la Cumbre, hizo la entrega en nombre de todos los presidentes de Supremas Cortes de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, los cuales firmaron el acuerdo.
Entre las acciones contempladas en el documento se encuentran incorporar los productos axiológicos en la planificación estratégica; actualizar el mapa judicial iberoamericano; innovar y digitalizar; atender el impacto de la inteligencia artificial; fomentar la cooperación solidaria; promover la educación y capacitación judicial; garantizar la igualdad de género y promover la protección de los derechos ambientales.
A través de la Declaración de Santo Domingo, se hizo una invitación a los poderes judiciales de Iberoamérica a adoptar estos principios y compromisos, integrando los productos axiológicos en sus procesos de planificación y administración, garantizando su implementación efectiva para fortalecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia que responda a las necesidades de todas las personas.
La Declaración llama a la acción transformadora, así como una invitación y un reclamo a continuar fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho en un tiempo donde instituciones y derechos enfrentan cuestionamientos múltiples que ponen en riesgo las grandes conquistas de los pueblos iberoamericanos.
“Es también una promesa de que los poderes judiciales de Iberoamérica trabajarán sin descanso para garantizar una justicia que responda a las necesidades de las personas, respete la libertad, proteja la igualdad, promueva la equidad procesal y sustantiva, fomente la solidaridad y honre la dignidad de cada persona”.
Los firmantes creen en la fuerza de la justicia como herramienta de cambio social y ambiental. Igualmente, se comprometen a trabajar con ética y visión para consolidar poderes judiciales modelo, que sean faros de esperanza, confianza, excelencia y garantía de derechos para las generaciones presentes y futuras.
El documento lo firman representantes de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Estado Libre y Asociado de Puerto Rico y Uruguay.