Santo Domingo, RD.- El coronel Rafael Núñez de Aza presentó este jueves su defensa material ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde sostuvo que el Ministerio Público no ha logrado destruir su presunción de inocencia, al tiempo que cuestionó la acusación por múltiples vertientes probatorias y financieras.
Durante su exposición, Núñez de Aza depositó ante las juezas documentación bancaria y fiscal que, según explicó, demuestra que mantiene operaciones económicas con entidades financieras del país desde la década de los noventa, incluyendo transacciones de hasta 500 mil dólares y montos millonarios en pesos dominicanos, muy anteriores a los hechos que le atribuye la acusación.
El imputado también presentó registros de pago de impuestos, rechazando la imputación de que ocultaba ingresos o evadía obligaciones fiscales. Afirmó que su trayectoria económica “no comienza ni termina” con los cargos que desempeñó en instituciones del Estado.
Negocios previos y ejercicio profesional
Núñez de Aza reveló además que mantiene relaciones comerciales con la pastora Rossi Guzmán, también imputada en el proceso, desde el año 2001, aclarando que se trató de negocios lícitos por montos que iban desde cientos de miles de pesos hasta millones, los cuales —según dijo— espera continuar.
Indicó que, como contador de profesión, también ofrecía servicios de auditoría externa, actividad que formaba parte de su ejercicio profesional regular y que explicaría parte de sus movimientos financieros.
Matriz financiera y cuestionamientos a la acusación
Uno de los puntos centrales de su defensa fue la presentación de una matriz de flujo de efectivo, elaborada según explicó a partir del análisis del destino de los fondos investigados en el caso.
“Del análisis del destino de los recursos y de quiénes resultaron finalmente beneficiados, he preparado una matriz de flujo de efectivo que considero oportuno presentar ante este honorable tribunal”, expresó.
Detalló que la matriz identifica, mediante códigos de colores, a las personas físicas y jurídicas, las entidades bancarias que movilizaron los mayores volúmenes de recursos y los montos de efectivo canalizados, lo que a su juicio evidencia que las transacciones no siguieron un curso uniforme como sostiene el Ministerio Público.
En ese contexto, intentó demostrar que los principales movimientos financieros correspondieron a Raúl Girón y a su hermano Vicente Girón Jiménez, y no a él como se le atribuye.
“El dinero deja rastro. Por eso, exhorto respetuosamente a este tribunal a estudiar este caso con profundidad y objetividad”, insistió.
Llamado al tribunal
Núñez de Aza solicitó a las juezas que lo juzguen únicamente sobre la base de hechos probados que guarden conexión directa con su persona, y no por actuaciones ocurridas dentro de un entorno institucional donde, según afirmó, diversos actores tenían acceso, control y capacidad operativa.
“La verdad se demuestra, y quien actúa conforme a ella no teme la revisión. Lo único que pido es que no se me atribuya lo que no he hecho”, concluyó.
Contexto del caso
El Ministerio Público imputa a Rafael Núñez de Aza como uno de los principales implicados en un entramado de corrupción administrativa, señalándolo como el presunto cerebro financiero de una red que habría desviado fondos públicos desde instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Con la presentación de la defensa material de Rafael Núñez de Aza, el proceso entra en su fase final. Una vez los demás implicados en esta denominada Operación Coral expongan sus defensas ante el tribunal colegiado en las próximas audiencias, el Ministerio Público quedará en condiciones de presentar su acto de conclusión o conclusiones finales, tras lo cual la corte procederá a deliberar y emitir su fallo conforme a derecho.