Santo Domingo, RD.-Los ministerios de Salud, Medio Ambiente, Educación, Agricultura, Interior y Policía, junto a la Procuraduría General de la República y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), anunciaron que impondrán sanciones y procesarán penalmente a las empresas y personas responsables de fumigaciones ilegales que pongan en peligro la salud, especialmente en entornos escolares.
Esta iniciativa surge a raíz de los recientes incidentes de intoxicación en estudiantes y docentes debido a fumigaciones aéreas y terrestres en escuelas de la provincia Duarte y otras zonas del país.
Las autoridades señalaron que el uso de drones para fumigar aún no está debidamente regulado, lo que representa un riesgo. Por ello, acordaron implementar un mecanismo de vigilancia interinstitucional para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y proteger a la población.
El ministro de Salud, Víctor Atallah, al leer la declaración conjunta, reafirmó el compromiso del gobierno con la protección de la salud pública.
“Los ministerios firmantes asumen la responsabilidad de garantizar la protección de la salud pública y el medio ambiente, asegurando el cumplimiento estricto de las normativas vigentes. Esta declaración establece las bases para una acción coordinada y eficaz en la vigilancia de las fumigaciones con pesticidas, especialmente en entornos escolares y comunitarios”, afirmó Atallah.
Medidas de acción y vigilancia
A partir de la próxima semana, las entidades involucradas desplegarán una “Misión Operativa” en las zonas de mayor riesgo, con especial atención a aquellas áreas donde ya se han registrado intoxicaciones previas.
Las medidas incluyen:
- Salud Pública implementará un programa de capacitación obligatoria para los aplicadores de plaguicidas, con certificación correspondiente. Además, establecerá un sistema de vigilancia epidemiológica para identificar y responder a posibles casos de intoxicación.
- Educación desarrollará programas de sensibilización en conjunto con el Ministerio de Salud para informar a las comunidades escolares sobre los riesgos de la exposición a pesticidas. También delimitará un perímetro de seguridad alrededor de los centros educativos, prohibiendo fumigaciones durante los horarios escolares.
- Medio Ambiente monitoreará el impacto ambiental de los plaguicidas en zonas cercanas a comunidades escolares y urbanas. También implementará controles sobre el comercio y uso de plaguicidas altamente tóxicos.
- Agricultura creará un registro de aplicadores de plaguicidas y establecerá mecanismos de trazabilidad en su comercialización. Asimismo, reforzará la vigilancia del uso de drones para fumigación, ya que aún no existen normativas específicas al respecto.
- La Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente, investigará y procesará penalmente a las empresas y personas responsables de fumigaciones ilegales que pongan en riesgo la salud pública, especialmente en áreas escolares.
- IDAC garantizará que los pilotos de fumigaciones aéreas cumplan con los horarios y condiciones de vuelo establecidos, especialmente cerca de zonas escolares.
Exhortación a cumplir las normativas
Las autoridades hicieron un llamado a las empresas y personas involucradas en la fumigación para que cumplan con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
Con estas medidas, el gobierno busca proteger la salud de la población y garantizar que el uso de plaguicidas en el país se realice de manera responsable y bajo estrictas normativas, evitando daños en entornos educativos y comunitarios.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Salud, Víctor Atallah; el ministro de Agricultura, Limber Cruz López; el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; el magistrado Pedro Frías Morillo, procurador adjunto; Igor Rodríguez, director del IDAC; Ancell Scheker Mendoza, del Ministerio de Educación; y representantes del Ministerio de Interior y Policía.
Por el Ministerio de Salud también estuvieron presentes Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva; Luis Nelson Rosario, DPS/DAS; Ronald Skewes, director de Epidemiología (DIEPI); Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgos; Carlos Cueto, director de Salud Ambiental; y Jesús Enmanuel Hernández, director Jurídico.