Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo, en su misión de contribuir con salvaguardar los derechos fundamentales, intervino para que fuera restituido el derecho a la propiedad en favor de ciudadanos afectados por actuaciones irregulares en la Administración pública, marcando un precedente en su rol de garante y promotor del respeto a los bienes de la población.
Las acciones de la institución se produjeron en atención a denuncias acerca de la desaparición de motocicletas que habían sido retenidas por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), hechos que fueron comprobados como resultado de un riguroso proceso de investigación.
Mediante una nota de prensa, el órgano constitucional explicó que, tras recibir varias reclamaciones, la Secretaría General llevó a cabo las diligencias de investigación y constató que los propietarios habían agotado las gestiones para la recuperación de sus vehículos, pero no había sido posible localizar su paradero.
En ese sentido, puntualizó que, se desplegaron acciones institucionales, que incluyeron el envío de comunicaciones formales, reuniones de seguimiento y gestiones presenciales exigiendo la restitución de los vehículos de motor retenidos.
Asimismo, destacó que, como resultado de estas gestiones, se logró que la entidad responsable reconociera la pérdida de los bienes bajo su custodia y procediera a la indemnización de los afectados, lo que permitió resolver satisfactoriamente las reclamaciones.
De igual modo, el órgano extrapoder recomendó a la institución responsable del orden y la seguridad vial en la República Dominicana que sus áreas de control realicen investigaciones y tomen medidas disciplinarias con la finalidad de prevenir violaciones a los derechos de los ciudadanos.
Llamado a la ciudadanía
El Defensor del Pueblo exhortó a las personas afectadas por estas violaciones a sus derechos a acercarse a la institución con los documentos que las sustentan. Allí recibirán orientación y podrán presentar sus reclamaciones para que sea resarcido el daño a su propiedad por parte de la autoridad responsable de la custodia de sus bienes.
Reiteró su compromiso de mantenerse vigilante ante cualquier actuación que vulnere los derechos fundamentales, promoviendo que la Administración pública sea más transparente, responsable y respetuosa de las normas.