Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de instrucción ratificó este jueves la prisión preventiva al procesado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros coimputados de la red criminal que desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en un entramado de corrupción administrativa enfrentado con la Operación Cobra.
La decisión del tribunal ratifica la medida privativa de libertad además a los coimputados, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y a Ramón Alan Speakler.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió, atendiendo a una condición médica presentada por la defensa, la medida de coerción contra Rafael Martínez Hazim, quien pasará a cumplir arresto domiciliario con el uso de un dispositivo electrónico. Además, le impuso la obligación de presentar una garantía económica de 15 millones de pesos, a través de una aseguradora, e impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el equipo litigante estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quien estuvo acompañado por los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
Al solicitar al juez de la Instrucción que rechazara el pedimento de variar la medida de coerción establecida, Camacho manifestó que “no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”.
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de su decisión.
En las motivaciones de la decisión, el juez citó los criterios jurídicos tomados en cuenta por el tribunal que impuso la medida de coerción, atendiendo a la gravedad de los hechos cometidos contra una entidad dedicada a facilitar los servicios de salud a amplios sectores de la población. Recordó, además, el peligro de fuga de los procesados y el daño a resarcir al Estado y a la sociedad.
Recordó la decisión del Tribunal Constitucional que manda a realizar un test de ponderación al momento de revisar la medida de coerción. En ese sentido, hizo referencia a Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles en torno a quienes persisten las razones que dieron origen a la medida de coerción.
La defensa de los imputados Alan Speaker y Rafael Martínez solicitó al juez Timoteo Peguero desglosar la audiencia de revisión obligatoria de la medida, dado que sus defendidos están a la espera de la celebración de una audiencia de apelación en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, el próximo martes 10 de noviembre del año 2026.
En ese sentido, el procurador adjunto Wilson Camacho, manifestó que el conocimiento de la revisión obligatoria no impide el conocimiento de la apelación.
Luego de analizar los planteamientos, el juez declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa, como solicitó el Ministerio Público, y ordenó iniciar la revisión obligatoria de la medida de coerción a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
La medida de coerción había sido ratificada el pasado mes de agosto.
Por este caso también es imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.
El proceso judicial que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, pago de garantías económicas e impedimento de salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde el mes de mayo pasado en el citado centro penitenciario.
Persecución contra la red
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva y Vargas Sánchez arresto domiciliario.
Igualmente, el pasado mes de septiembre el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A. En el proceso les fueron impuestas medidas de coerción a 24 personas, incluyendo varios médicos.