Santo Domingo.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó, por mayoría de votos, la extinción de la acción penal solicitada por el procesado Ángel Lockward y otros acusados en el caso contra una red que defraudó al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones y que se apoyó en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, dijo que el tribunal rechazó la solicitud de extinción de la acción penal que pretendían gran parte de los imputados para evitar el proceso y responder ante los tribunales por los hechos cometidos.
“La decisión se ha dado por mayoría de votos, entendiendo el tribunal que hay que analizar otros aspectos que van mucho más allá que el simple cómputo matemático de los plazos. Así que estamos listos y preparados para presentar nuestra acusación al regresar en la tarde de hoy”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron durante un receso pasado el mediodía de este lunes.
Explicó que las juezas se vieron en la necesidad de hacer un análisis general, porque las defensas le pidieron aplicar una ley derogada que entendían más favorable para ellos. “Es por eso que el tribunal se tuvo que ver en la necesidad de tener que hacer el análisis; pero, aun así, pese al análisis realizado por el tribunal, entendió, la mayoría del tribunal, que no aplicaba el análisis de la ley más favorable, sino de acoger la ley vigente; y, por tanto, que el proceso se mantenga vivo en los tribunales”, declaró.
Ortiz representó al Ministerio Público junto al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor, Elvira Rodríguez, Arolin Lemos y Melbin Romero.
La decisión fue adoptada por las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, con el voto disidente de la presidenta del tribunal Arlin Ventura Jiménez.
Tras la solicitud de los procesados, Ortiz había cuestionado que las defensas continúen utilizando la solicitud de extinción de la acción penal como una herramienta procesal para evitar debatir las pruebas en un juicio, “intentando una vez más rehuir al conocimiento del fondo de las acusaciones”.
El pasado mes de mayo el Ministerio Público obtuvo apertura a juicio contra 35 de 40 acusados de corrupción en el expediente contra el exministro Ángel Donald Guerrero Ortiz, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras que fue apelado el auto de no ha lugar dictado en favor de los exministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo Terrero y otros 3 acusados en los que el tribunal entró en una errónea apreciación de varias pruebas.
Entre los enviados a juicio, también, se encuentran: Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila. También, César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
En el proceso el Ministerio Público solicitó al tribunal que todos los procesados fueran enviados a juicio por defraudar al Estado dominicano.
Los acusados, arrestados por el Ministerio Público el 18 de marzo de 2023, integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
La estructura, además, sustrajo dinero de pagos de deudas a ministerios. Al grupo se le atribuye también implantar un esquema de sobornos sobre los juegos de azar que deben ser regulados por el Ministerio de Hacienda en estricto apego al marco jurídico.
El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos.