Seúl.- Un tribunal de Seúl aprobó este martes la solicitud de un equipo conjunto de investigación para detener al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su breve imposición de la ley marcial, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano en ejercicio en enfrentar un arresto.
El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl emitió la orden contra Yoon acusado de planear la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, orquestar la insurrección y abusar de su poder, y después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para tener un interrogatorio al respecto.
Tras la orden judicial, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) cuenta ahora con 48 horas para detener a Yoon para interrogarlo.
Sin embargo, persisten las incertidumbres sobre si la CIO puede ejecutar la orden, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido que los investigadores entren tanto en el complejo de la oficina presidencial como en la residencia oficial de Yoon para realizar registros aprobados por el tribunal.
Inmunidad presidencial
Aunque Yoon tiene inmunidad presidencial frente al procesamiento penal, el privilegio no se extiende a los cargos de insurrección o traición.
El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente aún en el cargo encara la posibilidad de ser detenido.
Yoon, destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), está momentáneamente despojado de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.
Yoon dice que la ley marcial fue un «acto de gobernanza»
La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla.
Los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, aparentemente gracias en parte a la negativa de mandos militares intermedios a cumplir órdenes, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción a las pocas horas de decretarla.
Yoon ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un «acto de gobernanza» que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.
El presidente interino ratifica a dos jueces del Constitucional
Por otro lado, el presidente interino surcoreano, Choi Sang-mok, ratificó el nombramiento de dos jueces del Tribunal constitucional, lo que responde parcialmente a las exigencias de la oposición, que ha insinuado la posibilidad de buscar su destitución si no convalida esta y otras medidas.
La confirmación de tres magistrados que deben ocupar los tres asientos vacantes del Constitucional se consideran importantes de cara a que gane tracción el juicio político contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol por su declaración de la ley marcial a principio de mes.
Con el nombramiento de estos dos jueces, la corte cuenta ahora con ocho togados para determinar si Yoon, que fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre, debe recuperar sus funciones o si debe ser cesado definitivamente, para lo cual es necesario que seis magistrados consideren que violó la Constitución al decretar el estado de excepción el 3 de diciembre.
Abogados del presidente surcoreano pedirán una orden judicial para anular la orden de arresto
Además, los abogados del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, destituido el 14 de diciembre por la Asamblea Nacional, anunciaron que pedirán una orden judicial para anular la orden de detención temporal emitida contra el mandatario para interrogarlo con respecto a su declaración de la ley marcial a principio de mes.
EFE