La Habana.- El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba informó este lunes que se ha culminado de forma «exitosa» el proceso de excarcelación de 553 presos que se anunció el 14 de enero, en el que estuvieron incluidos presos por motivos políticos, como los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
«El proceso concluyó de manera exitosa. En enero se presentaron 378 solicitudes al tribunal y en el mes de febrero 175 solicitudes, que hacen el computo de las 553 personas que se le iba a solicitar a los tribunales la excarcelación», explicó en la televisión estatal la vicepresidenta del TSP, Maricela Sosa Ravelo.
El informe de la televisión dedicó la mitad de sus casi cinco minutos a recalcar que a los beneficiados por esta medida no los liberaron, sino que recibieron una «excarcelación anticipada» y que aún no terminan «de cumplir su condena».
En el período de condena restante en el que permanezcan excarcelados, prosiguió el informe, los beneficiados deberán cumplir ciertas obligaciones, como comparecer regularmente ante un juez, seguir con las sanciones accesorias y hacerse cargo de la responsabilidad civil.
De lo contrario, podría haber consecuencias, advirtió el informe: «Estos beneficios podrían ser revocados ante incumplimiento de las obligaciones de los excarcelados y regresarían entonces al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción».
La excarcelación de presos en Cuba
El proceso se anunció el 14 de enero, apenas horas después de que Washington, en los últimos días de la Administración Biden, decidiera por sorpresa excluir a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que tiene importantes consecuencias financieras para la isla.
Aunque La Habana ha defendido que las excarcelaciones fueron una medida unilateral y soberana, EE.UU. aseguró entonces que se trataba de un acuerdo mediado por el Vaticano y que entre los beneficiados habría muchos participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores de la isla en décadas.
En el período de condena restante en el que permanezcan excarcelados, prosiguió el informe, los beneficiados deberán cumplir ciertas obligaciones, como comparecer regularmente ante un juez, seguir con las sanciones accesorias y hacerse cargo de la responsabilidad civil.
De lo contrario, podría haber consecuencias, advirtió el informe: «Estos beneficios podrían ser revocados ante incumplimiento de las obligaciones de los excarcelados y regresarían entonces al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción».
La excarcelación de presos en Cuba
El proceso se anunció el 14 de enero, apenas horas después de que Washington, en los últimos días de la Administración Biden, decidiera por sorpresa excluir a Cuba de su lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que tiene importantes consecuencias financieras para la isla.
Aunque La Habana ha defendido que las excarcelaciones fueron una medida unilateral y soberana, EE.UU. aseguró entonces que se trataba de un acuerdo mediado por el Vaticano y que entre los beneficiados habría muchos participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores de la isla en décadas.
Con la llegada a la presidencia de EE.UU. de Donald Trump, Cuba regresó a la lista de países patrocinadores del terrorismo y, según algunas ONG, el proceso se pausó (aunque si fue así, La Habana no lo comunicó). La semana pasada esas mismas organizaciones indicaron que parecía que las excarcelaciones se habían reactivado.
Las autoridades cubanas no han ofrecido una lista de los beneficiados por esta medida ni un calendario de implementación, información que EFE ha solicitado. A la semana de iniciado el proceso, el Gobierno habló de 127 excarcelados.
Los presos por motivos políticos
Varias ONG de derechos humanos en Cuba han registrado en estos dos meses la salida de en torno a 200 personas a las que tenían catalogadas como presos por motivos políticos. Alguna de estas plataformas había alertado ya de que, junto a estos reos, se estaba sacando de las cárceles cubanas a reclusos sentenciados por delitos comunes.
El Gobierno de Cuba, al anunciar la medida, se había limitado a decir que los 553 beneficiados eran personas «sentenciadas por diversos delitos».
La Habana no reconoce tener en sus cárceles presos por motivos políticos pese a las denuncias de ONG como Amnistía Internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Justicia 11J y Prisoners Defenders. Según las dos últimas hay hasta más de un millar de presos políticos en la isla.
De hecho, según estas organizaciones la mayoría de los en torno a 200 beneficiados que ellos denominan presos políticos eran personas que apenas participaron en las protestas del 11 de julio de 2021, en su mayoría pacíficas.
Entre los excarcelados había también presos de relevancia internacional, como los históricos opositores cubanos Félix Navarro y José Daniel Ferrer, ambos parte de «los 75» intelectuales, disidentes y periodistas encarcelados en la «primavera negra» de 2003.
Otros perfiles destacados en prisión, como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, no se incluyeron entre los beneficiados.